La Justicia rechazó un pedido clave en el caso del crimen de Érika Álvarez: la sospechosa seguirá tras las rejas

Un nuevo capítulo judicial mantiene en vilo la investigación por el asesinato de Érika Antonella Álvarez. La Justicia de Tucumán rechazó el pedido de libertad de Justina Gordillo, una de las imputadas, quien deberá permanecer en prisión preventiva mientras avanzan las pesquisas. La decisión se tomó tras una audiencia en la que la fiscalía reveló detalles cruciales, incluyendo decenas de llamadas el día del hecho.

¿Qué argumentó la defensa?

Los abogados de Gordillo solicitaron durante una audiencia que se revoque la prisión preventiva de su defendida, de 48 años. Sostuvieron que la medida era irrazonable y que ya no existían riesgos de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.

Como alternativa, pidieron su libertad con reglas de conducta o, de manera subsidiaria, que se la trasladara a arresto domiciliario. Este planteo fue el centro del debate judicial en las últimas horas.

La contundente respuesta de la fiscalía

El Ministerio Fiscal, a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios I liderada por el fiscal Pedro Gallo, se opuso rotundamente a la excarcelación. Argumentó que la causa está en pleno desarrollo y que en los últimos días hubo avances investigativos significativos.

Uno de los puntos más fuertes expuestos fue un informe preliminar del análisis del teléfono celular de Gordillo. Este estudio reveló que el día del crimen se registraron al menos 28 llamadas entre la imputada y Felipe Sosa, alias “El Militar”, principal acusado y también detenido.

El fiscal Gallo fue más allá y anticipó que los nuevos elementos podrían derivar en un agravamiento de la situación procesal de Gordillo. Incluso señaló que en los próximos días podría producirse una reformulación de cargos dentro de la investigación.

La decisión del juez

Tras escuchar a las partes, el juez Bernardo L’Elario Babot resolvió rechazar el pedido de la defensa y mantener la prisión preventiva. El magistrado consideró que la investigación aún se encuentra en una etapa inicial y que ha transcurrido un período relativamente breve desde su inicio.

El juez Babot señaló que la defensa no aportó elementos nuevos que permitan concluir que los riesgos procesales han desaparecido. Por el contrario, sostuvo que los motivos que justificaron la medida cautelar, dictada en su momento, continúan plenamente vigentes.

Frente a esta decisión, los abogados de Gordillo ya adelantaron que apelarán el fallo ante las instancias judiciales superiores.

Los hechos que se investigan

Según la imputación provisoria, el crimen ocurrió el 7 de enero de 2026, durante la madrugada. Felipe Sosa habría dado muerte a Érika Antonella Álvarez, de 25 años, mediante violencia física, con la posible participación de otras personas no identificadas.

El cuerpo sin vida de la joven fue hallado al día siguiente, el 8 de enero, en un basural de la zona de Manantial Sur.

La investigación sigue la pista de las acciones posteriores al hecho. Se reconstruyó que Justina Gordillo se presentó en el domicilio de Sosa, ubicado en calle Santo Domingo al 1.100, en Yerba Buena, en múltiples oportunidades entre el 7 y el 8 de enero.

Según los registros, estuvo en la vivienda en horarios específicos: de 13:37 a 15:24 del 7 de enero, luego de 20:28 de ese día hasta las 07:07 de la mañana siguiente, y finalmente volvió a las 19:38 del 8 de enero, retirándose minutos después.

El rol que se le atribuye a Gordillo

Para la fiscalía, la imputada no es una figura secundaria. Se la acusa de haber colaborado en acciones destinadas a ocultar el crimen. Entre las presuntas conductas de encubrimiento se encuentran el ocultamiento del cuerpo de la víctima, la desaparición de su teléfono celular y el ocultamiento de la camioneta Amarok utilizada por Sosa.

Además, se investiga si Gordillo ayudó al acusado principal y a otras personas no identificadas a escapar hacia la provincia de Buenos Aires. El objetivo de esta huida, según la teoría del fiscal, habría sido eludir la investigación judicial y evitar la detención.

Actualmente, en la causa permanecen detenidos, además de Justina Gordillo y Felipe Sosa, Nicolás Augusto Navarro Flores y Jorge Orlando Díaz. La Unidad Fiscal de Homicidios continúa reuniendo pruebas para esclarecer completamente el crimen que conmocionó a la provincia.