La justicia repone la asociación ilícita en la causa de los planes sociales: ¿qué pasará con las penas de los 12 condenados?

El Tribunal de Impugnación de Neuquén dio un giro inesperado en la causa por la estafa con planes sociales: restableció la figura de asociación ilícita que había sido descartada en primera instancia. Este cambio podría derivar en penas mucho más severas para los 12 condenados, cuyas sentencias actuales quedaron sin efecto.

La decisión, tomada este jueves por los jueces Federico Sommer, Liliana Deiub y Mauricio Macagno, no solo incorpora el delito, sino que calificó de "arbitraria" la sentencia anterior que lo había excluido. Así, el caso vuelve a foja cero en cuanto a la determinación de las penas, aunque los hechos de defraudación al Estado provincial por más de 12 millones de pesos ya están firmes.

¿Qué cambió con el nuevo fallo?

Hace apenas unos meses, la causa parecía cerrada: 12 personas habían sido condenadas a penas de entre 3 y 5 años de prisión por administración fraudulenta. Sin embargo, el fiscal Pablo Vignaroli siempre sostuvo que había una asociación ilícita, un delito más grave que, por ejemplo, pesó sobre la dirigente Milagro Sala. La pregunta era si alguna instancia superior repondría esa figura.

La respuesta llegó con un mazazo: el tribunal de impugnación no solo la repuso, sino que dejó sin efecto todas las penas fijadas en diciembre. Ahora, ninguno de los condenados tiene una sentencia firme y se espera que las nuevas penas sean más duras. El gobierno de Rolando Figueroa había sido uno de los impulsores de esta medida.

La maniobra que se investigó

La investigación reconstruyó un circuito fraudulento que operó entre septiembre de 2020 y julio de 2022 en el Ministerio de Desarrollo Social, con epicentro en la Dirección de Planes Sociales. El mecanismo consistía en dos listados de beneficiarios del subsidio por desocupación: uno oficial y otro paralelo que circulaba por correo electrónico entre un grupo reducido de funcionarios. Este último era el que realmente se utilizaba para efectuar los pagos.

Con esos listados falsos se emitían cheques a nombre de empleados del propio Estado provincial, quienes los cobraban y entregaban el dinero. La fiscalía sostuvo que esos fondos terminaban financiando la estructura del Movimiento Popular Neuquino (MPN), partido que este domingo cerró su interna y se alineó detrás de La Neuquinidad.

La interna judicial que rodeó el caso

La causa también estuvo marcada por un fuerte cruce entre jueces. El juez Juan Manuel Kess, al fundamentar las penas el 11 de diciembre, comparó el caso con la histórica estafa al Banco Provincia de Neuquén (Temux) y afirmó que aquella "se explica más que por razones jurídicas, por razones políticas", con "condiciones estructurales que favorecían la impunidad". Estas declaraciones irritaron a la jueza de garantías Carina Álvarez, quien formó parte del tribunal de Temux y presentó una nota formal ante el Tribunal Superior de Justicia pidiendo una investigación sumaria por "expresiones agraviantes e injuriantes".

El conflicto escaló hasta que el Colegio de Jueces Penales solicitó que Kess y Álvarez no compartieran audiencias, un pedido que el TSJ rechazó. Finalmente, todo terminó en un "malentendido" que se diluyó con el tiempo.

Los cinco "jefes" de la organización

El Tribunal de Impugnación identificó a cinco condenados como jefes de la asociación ilícita, con poder de mando efectivo y estable sobre los demás:

Abel Di Luca, exsubsecretario y luego ministro de Desarrollo Social, tenía 5 años de prisión efectiva. Su defensa pidió la absolución argumentando que nunca abrió los correos electrónicos que lo incriminaban y que, como ministro, no podía controlar miles de expedientes. El tribunal rechazó estos planteos y determinó que Di Luca participaba en reuniones donde se fijaban los montos y que sus órdenes eran ejecutadas por el resto.

Tomás Siegenthaler, coordinador de Administración, también tenía 5 años de prisión. Su defensa intentó desviar la responsabilidad hacia la testigo arrepentida Griselda Cittadini, pero el tribunal consideró que ella era una subordinada, mientras que Siegenthaler tenía capacidad de decisión y de nombrar personal.

Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales, con 5 años de prisión, pidió la nulidad del juicio por una supuesta falta de defensa, pero el tribunal desestimó sus argumentos. Pablo Sanz y Marcos Osuna, con penas de 4 años y medio y 4 años respectivamente, solo habían apelado el monto de la pena, por lo que sus reclamos quedaron sin efecto con la nueva calificación.

Los siete "miembros" de la red

El resto de los condenados fueron clasificados como simples miembros. Luis Gallo, exdirector de Finanzas, presentó el recurso más extenso, defendiendo los "cheques globales" como una práctica válida, pero el tribunal desarmó sus argumentos y una auditora negó que existiera tal modalidad. Laura Reznik, sucesora de Gallo, tuvo una participación más breve y su pena fue de 3 años condicional. Julieta Oviedo, exdirectora de Tesorería, intentó trasladar la culpa a Cittadini, sin éxito. Alfredo Cury, abogado que se defendió a sí mismo, fue el único condenado como partícipe primario, un escalón de responsabilidad más bajo. Finalmente, Valeria Honorio, Isabel Montoya y Emmanuel Victoria Contreras tenían penas de 3 años condicionales y no impugnaron la sentencia de responsabilidad, por lo que esa parte ya está firme.