La Justicia salteña blindó un embargo récord contra los responsables del desmonte ilegal en Finca Cuchuy

El Ministerio Público Fiscal de Salta salió a aclarar el estado de la causa por los desmontes ilegales en Finca Cuchuy, Tartagal, y confirmó que la justicia ratificó la obligación de reparar el daño ambiental. El embargo preventivo sobre los catastros involucrados pasó de $171 millones a una cifra récord de más de $21.805 millones, una medida que busca garantizar que los responsables paguen por la restauración.

La aclaración llega en medio de la difusión de información inexacta sobre el proceso, que se extiende por más de una década. El procurador general, Dr. Pedro García Castiella, y la fiscal civil y comercial del Distrito Judicial del Norte, Dra. Rosa Vélez Román, reafirmaron su compromiso con la investigación y el seguimiento de la causa.

Un historial de incumplimientos

Si bien la acción de desmontar no está tipificada como delito en el país, en esta causa la Fiscalía Penal de Tartagal promovió un expediente por desobediencia a la autoridad en abril de 2013. Esto fue a raíz del incumplimiento reiterado de las órdenes de paralización de desmontes dictadas por la entonces Secretaría de Ambiente y por la Sala II del Tribunal de Juicio, a cargo de la Dra. Asusena Vázquez. Como resultado de ese proceso, Juan José Karlen fue condenado en octubre de 2015.

En paralelo, se sostuvo un proceso civil que continúa hasta la actualidad. En 2016, la Fiscalía Civil y Comercial de Tartagal advirtió al Juzgado sobre el riesgo de incendios incrementado por el desmonte y solicitó la adopción de medidas preventivas, a costa y cargo de los propietarios, conforme lo establece la legislación ambiental.

En 2017, Juan José Karlen y Daniel Darío Karlen firmaron un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, mediante el cual se comprometieron a restaurar el daño ambiental causado en más de 11.000 hectáreas desmontadas ilegalmente e incorporar a las comunidades indígenas de la zona y a familias criollas de los parajes Montevideo, Pozo El Viejo y La Bolsa, entre otros, en ese proceso. Aunque este compromiso fue homologado por la Justicia en diciembre de 2018, los incumplimientos se mantuvieron de manera recurrente hasta la actualidad y las maniobras dilatorias de los propietarios han sido sistemáticas.

Intervención técnica y seguimiento satelital

Durante todo este tiempo, la investigación y el control del cumplimiento de las distintas medidas dispuestas contaron con la participación de profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Administración de Parques Nacionales, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, especialistas de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA-CONICET) y expertos internacionales en ecotoxicología forense del Poder Judicial de España. Las opiniones técnicas elaboradas por estos organismos permitieron evaluar en profundidad las propuestas de recomposición ambiental presentadas durante el proceso y verificar los incumplimientos a las obligaciones establecidas judicialmente.

Ya en 2022, y ante las numerosas y constantes dilaciones e incumplimientos de la parte demandada, el Ministerio Público Fiscal encaró una contundente intervención, decidida directamente por el Procurador General de la Provincia, Dr. Pedro García Castiella, junto a la Fiscal Vélez Román, en intensas reuniones de trabajo técnico-jurídico celebradas al efecto. En 2024 y 2025, esas actuaciones obtuvieron fallos favorables en distintas instancias para la ejecución de la deuda derivada del incumplimiento, fijándose una suma líquida y exigible de $67.920.000, correspondiente a diciembre de 2023.

Frente a esta situación, y considerando que para los responsables resultaba más económico pagar una multa que cumplir con las obligaciones asumidas, el Ministerio Público Fiscal solicitó este año la ampliación del embargo preventivo que pesa sobre los catastros involucrados, elevándolo de $171.413.473 a una cifra récord de $21.805.106.128, sobre la base de un informe técnico elaborado por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, vinculado al costo estimado de restauración del daño ambiental.

Estas medidas fueron apeladas en reiteradas oportunidades por los Karlen, quienes no solo cuestionan la ampliación del embargo, sino que además solicitan que se deje sin efecto todo el proceso judicial.

Seguimiento satelital y nuevas apelaciones

Entre otras actuaciones, la Fiscalía realizó un seguimiento permanente mediante imágenes satelitales de los sistemas Sentinel, CBERS-4 y Landsat 8, además de relevamientos con drones, con el propósito de verificar el estado del predio y el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Justicia.

Los distintos informes incorporados al expediente dieron cuenta de actividades agrícolas desarrolladas en sectores alcanzados por restricciones judiciales, así como de otros hechos, entre ellos la existencia de rollos de palo santo protegidos en la finca, que fueron oportunamente puestos en conocimiento del tribunal interviniente para su evaluación.

La última de las acciones impulsadas por la familia Karlen, en el marco de la causa y en línea con su permanente actitud procesal dilatoria, «temeraria y reticente», tal como la calificó expresamente la Justicia provincial, consiste en una nueva apelación que busca no solo dejar sin efecto la ampliación del embargo preventivo dispuesta por la Justicia, sino también anular todo el proceso judicial.

Este planteo ya fue contestado por la Fiscal Rosa Vélez Román, quien consideró que carece de sustento jurídico, a partir de un análisis de la legislación nacional y provincial vigente en materia ambiental, al tiempo que reafirmó que la obligación de recomponer el daño subsiste. La resolución definitiva sobre esta nueva apelación se encuentra ahora en manos de la Cámara de Apelaciones de la Provincia.

Es justamente en este marco que el Ministerio Público Fiscal ratifica su compromiso de continuar impulsando este proceso, en el entendimiento de que la obligación de recomponer el daño ambiental es irrenunciable, por constituir un principio fundamental de la legislación vigente. Asimismo, busca garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, la protección y recomposición del ambiente y la defensa del interés público.

Ningún cambio normativo o procesal puede vulnerar el principio de no regresión ambiental, consagrado en la legislación nacional y en los tratados internacionales suscriptos por la República Argentina. Por todo ello, la causa sigue adelante, como el ejercicio soberano de la defensa del patrimonio natural y social de todos los salteños.