La Justicia salteña ya calculó cuánto costará funcionar en 2027: casi 9 de cada 10 pesos van a un solo destino

La Corte de Justicia de Salta ya puso sobre la mesa su previsión de gastos para 2027: 196.151.878.998 pesos, según quedó asentado en la Acordada N.º 14769, publicada el lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial de la Provincia.

La cifra representa un salto del 25,1% frente a los 156.845.775.853 pesos que se habían previsto para 2026 mediante la Acordada N.º 14494. En términos absolutos, el Poder Judicial proyecta contar con 39.306 millones de pesos adicionales.

El número se explica, según la propuesta, por el aumento de las causas judiciales y la necesidad de acortar los tiempos de respuesta del sistema.

El destino que se lleva casi todo

El dato que más llama la atención aparece al desagregar las partidas: 173.486 millones de pesos irán a gastos en personal, lo que equivale al 88,4% del total. Dicho de otro modo, casi nueve de cada diez pesos del presupuesto judicial estarán destinados a cubrir sueldos.

Más atrás quedan los bienes de uso, con 14.348 millones. Dentro de ese rubro, unos 9.930 millones se volcarán a obras y 3.469 millones a maquinaria y equipos.

La modernización también figura entre las prioridades: digitalización de expedientes, actualización de los sistemas informáticos y herramientas para agilizar los procesos.

Más jueces, pero sin nuevas estructuras

La Corte plantea la necesidad de sumar magistrados para hacer frente al crecimiento de la litigiosidad en la provincia. Sin embargo, el mecanismo elegido no pasa por crear dependencias nuevas: las incorporaciones se harían reconvirtiendo cargos y aprovechando las estructuras administrativas que ya existen.

En esa línea, el objetivo es reforzar las Oficinas Judiciales y los Colegios de Jueces, espacios que permiten compartir personal, infraestructura y recursos tecnológicos entre distintos organismos.

Más plata, pero no necesariamente más recursos

El incremento del 25,1% es nominal. La comparación entre ambos ejercicios no contempla el impacto de la inflación, por lo que el aumento no garantiza que el Poder Judicial cuente con más recursos en términos reales.

Además, se trata de una previsión de gastos: el presupuesto todavía deberá atravesar las instancias correspondientes para su aprobación definitiva.