La Justicia se mete en el futuro de la alumna del Pía Didoménico: quién decidirá su causa

La jueza de Control de Garantías de Segunda Nominación, Cecilia Mas Saadi, quedó sorteada para intervenir en el recurso de amparo que presentó la estudiante del Colegio Pía Didoménico que fue desafectada del establecimiento en el tramo final del ciclo lectivo 2026.

Según indicaron fuentes consultadas por este medio, todavía falta resolver un punto clave: si la magistrada sorteada tiene competencia efectiva en esta materia. Es decir, la causa ya tiene jueza, pero aún no está confirmado que pueda resolverla.

El origen del conflicto

La alumna arrastra una denuncia penal en el marco de un caso de bullying. A través de un “story time” en redes sociales, relató cómo había humillado a una compañera durante el viaje de egresados a Bariloche. En ese relato expuso la agresión, el daño que le provocaba a la otra chica y el disfrute que le generaba hacerlo.

La difusión del video dejó al descubierto un hostigamiento sistemático que se extendió durante meses y que derivó en otra causa penal en el Fuero Penal Juvenil. En ese expediente, tres compañeros fueron imputados por difundir material de la intimidad de la joven hostigada. Por la agresión mostrada en el “story time”, en tanto, la estudiante quedó denunciada en la Fiscalía de Instrucción de Séptima Nominación, con competencia en ciberdelitos.

La sanción y el amparo

En paralelo a la Justicia penal, avanzó la sanción administrativa. Las autoridades del Colegio Pía Didoménico resolvieron la “reubicación” de la alumna denunciada en otro establecimiento. La decisión se notificó el lunes a sus padres.

La estudiante, representada por el abogado del foro local Marcos Denett, presentó entonces un recurso de amparo. En su defensa alegó que ya es mayor de edad y que nadie le permitió ejercer su derecho a defenderse.

“La decisión se gestó en reuniones en las que no participé”, sostiene la presentación. Según ese escrito, esos encuentros fueron entre directivos de la institución y autoridades ministeriales, y la resolución le habría sido comunicada “a través de mis padres, sin citarme ni permitirme hacer un descargo”, pese a que el colegio sabe que la joven ya cumplió 18 años.

Para la alumna, avisar a su familia “no suple” su derecho a ser oída, porque sus padres no son sus representantes legales. Ellos habrían firmado el acta dejando constancia expresa de su disconformidad.

Los cuestionamientos al procedimiento

El amparo también apunta a los pasos previos a la sanción. Según la presentación, no se tramitó ningún procedimiento ante el Consejo de Convivencia que prevé la Ley provincial 5402, no hubo medidas graduales previas ni se le dio la oportunidad de presentar un descargo. La estudiante afirma que se le aplicó directamente la sanción más grave.

Además, cuestiona que el colegio tomó como base una denuncia penal que, aclara, no se tradujo en una imputación en su contra. Hasta el momento no fue citada ni imputada, y en esa investigación no habría ninguna medida dispuesta por una autoridad judicial. Con ese panorama, invocó la presunción de inocencia.

La joven también comparó su situación con la de otros alumnos: remarcó que a compañeros investigados penalmente —algunos imputados por difundir material íntimo de la alumna afectada— el colegio les permitió continuar con modalidad virtual. A ella, en cambio, le impuso un traslado compulsivo “a semanas del egreso”, que considera equivalente a una expulsión.

Qué pide la estudiante

Ante la medida del establecimiento, la alumna reclama que se declare ilegítima la disposición y que se la mantenga como alumna regular hasta el fin del ciclo lectivo 2026 en modalidad virtual, con la posibilidad de rendir todas las evaluaciones y recibir su título.

Como medida cautelar, solicitó que se suspendan los efectos de la resolución y que, en 48 horas, se le permita seguir cursando a distancia. Se ofrece a comprometerse a no concurrir al establecimiento, a no tener contacto con la alumna afectada y a no hacer publicaciones sobre ella ni sobre el conflicto.

También pidió reserva de identidad y que se informe de la presentación al colegio y al Ministerio de Educación y Trabajo.