La Justicia tomó una decisión clave en la causa por los bebés robados en Rosario y las víctimas celebraron

La Cámara Federal de Rosario rechazó por unanimidad el pedido de prescripción en la causa que investiga la supresión de identidad de recién nacidos atribuida a la partera Dolly Viale. Los jueces Aníbal Pineda, Florentino Malaponte y Élida Vidal resolvieron este miércoles al mediodía, tras un cuarto intermedio, que la investigación debe continuar.

Afuera de los tribunales, un grupo de víctimas levantó un cartel con una frase que resume su pelea: “Por todos los buscadores será Justicia”. La decisión era esperada con ansiedad por quienes desde hace años reclaman conocer su verdadera identidad.

Por qué la causa no puede archivarse

El tribunal consideró que resulta prematuro abortar la investigación cuando “el panorama a determinar es mucho más amplio”. Mencionó la posibilidad de que aparezcan nuevos denunciantes y que aún restan estudios genéticos por realizarse.

Los magistrados remarcaron que el delito no se limita a una fecha ni a un hecho aislado, sino a una modalidad que, según la hipótesis de la Fiscalía, se extendió durante 12 años y acumula al menos siete denuncias. Además, subrayaron que las consecuencias siguen vigentes porque ninguna de las víctimas conoce hasta ahora su verdadera identidad.

“Resulta prematuro resolver la prescripción solicitada por la defensa, toda vez que todavía no existen la totalidad de los elementos mínimos de convicción suficiente para dar precisamente con la fecha cierta del inicio del delito”, señalaron los vocales.

El delito que no prescribe

Los jueces no descartaron la posible comisión de delitos de sustracción, retención y ocultamiento de menores, en caso de comprobarse que los bebés fueron separados sin el conocimiento ni el consentimiento de sus padres biológicos. Ese delito, previsto en el artículo 146 del Código Penal, tiene una pena de prisión de 5 a 15 años y es considerado de carácter continuo, porque se sigue reproduciendo en el tiempo.

“No son efectos, es la consumación: todo el tiempo se va reproduciendo esa consumación. Cesa cuando se determina la identidad biológica de la persona”, explicaron. Y agregaron que, como ninguna víctima descubrió todavía quién es su madre, no se puede descartar “esa conducta más seria”.

El tribunal también sostuvo que no se puede tomar como punto de partida para la prescripción el año de presentación de los certificados de nacimiento falsos, tal como pretendía la defensa. Según la acusación de la Fiscalía, “la señora Dolly Viale de Garrido, de manera sistemática, entre los años 1968 y 1980, aprovechando que era partera y trabajaba en el Hospital Roque Sáenz Peña, separaba bebés de sus madres biológicas y los entregaba a terceras personas, todo esto por un precio en dinero”.

Derecho a la identidad

Los magistrados apoyaron su decisión en un fallo reciente de la Corte Suprema de Santa Fe y en normas internacionales de jerarquía constitucional, como la Convención de los Derechos del Niño y el Pacto de San José de Costa Rica. Recordaron que el Estado está obligado a garantizar la protección de la identidad y el derecho a conocer los orígenes biológicos.

“Está en juego el derecho a la identidad y el derecho a conocer los orígenes biológicos que tienen todas las personas que habitan este país, que también está reconocido expresamente en la Constitución Nacional”, afirmaron.

Roberto Fargioni, una de las víctimas y denunciantes de la causa, celebró la resolución y destacó que a la audiencia se sumaron personas de Córdoba y Buenos Aires. “Sentimos que dimos un paso importante e histórico en la lucha por el derecho a la identidad en Rosario y en Santa Fe. Vamos a continuar con más fuerza, pidiendo a las víctimas que fueron apropiadas que se animen a denunciar porque la Justicia nos está escuchando”, dijo a El Ciudadano.

Y agregó: “Queremos sacar de foco que la partera tiene 88 años; hoy tiene 88 años, pero durante gran parte de su vida se dedicó a esta actividad ilícita y disfrutó de hacerlo”.