La Justicia tomó una decisión con la intendenta de Cervantes y la causa por las 135 viviendas

La jueza penal Claudia Alejandra Lemunao resolvió cerrar definitivamente la causa que involucraba a la intendenta de Cervantes, Claudia Montanaro, por su presunta participación en irregularidades con fondos nacionales destinados a la construcción de viviendas. La medida, firmada el 21 de octubre, hizo lugar al planteo de la defensa y contó con el respaldo de la Fiscalía.

El sobreseimiento alcanza a Montanaro en la megacausa conocida como Techo Digno, el expediente que investigó el manejo de los recursos del programa habitacional. Con la firma de la resolución, el proceso penal queda clausurado para la funcionaria.

Qué pedían la Fiscalía y la defensa

La fiscal jefa Graciela Echegaray fue quien solicitó el sobreseimiento: consideró que las pruebas reunidas a lo largo de la investigación no alcanzaban para sostener una acusación penal contra Montanaro. Según el criterio del Ministerio Público, los hechos podían derivar en eventuales responsabilidades administrativas, pero no estaban acreditados los elementos necesarios para configurar un delito.

La defensa de la intendenta, a cargo del abogado Torres, había reclamado el cierre definitivo. La Fiscalía acompañó el planteo y la jueza Lemunao entendió que estaba debidamente fundamentado.

El origen del expediente

La causa arrancó en abril de 2017 con una denuncia de la doctora Mónica Patricia Marchisella, entonces instructora sumariante del Ministerio del Interior y Obras Públicas. La presentación puso bajo la lupa el manejo del convenio entre Nación y la Municipalidad de Cervantes para construir viviendas.

En diciembre de 2023 la Fiscalía amplió la investigación para determinar si Montanaro —secretaria de Gobierno hasta asumir la intendencia el 10 de diciembre de 2015— había tenido participación en las irregularidades.

La hipótesis que se investigó sostenía que la funcionaria habría colaborado con su padre, el exintendente Gilberto Montanaro, en la disposición de fondos públicos del programa. En particular se analizaron operaciones bancarias que habría autorizado para transferir dinero a las empresas Baszkir Construcciones, Eraiki S.A. y ECA S.A., pese a que las obras no habían sido medidas ni certificadas. También se revisaron movimientos de fondos cuyo destino no había sido determinado.

El entrecruzamiento de documentación bancaria, pericias contables y el resto del material incorporado al expediente permitió delimitar el alcance de la investigación. En su resolución, Lemunao sostuvo que la continuidad del programa durante la gestión de Montanaro podía generar cuestionamientos en el plano administrativo, pero eso no bastaba para atribuirle responsabilidad penal.

Qué exige la ley para hablar de defraudación

El fallo retomó los argumentos de la Fiscalía sobre los requisitos para acreditar una defraudación por administración fraudulenta. Para configurarla debe demostrarse un perjuicio patrimonial concreto y una conducta contraria a los intereses administrados. Además, el delito exige una actuación deliberada: «No se satisface con la negligencia, la impericia o el desorden administrativo», precisa la resolución.

La situación del exintendente

La jueza marcó una diferencia clara entre la intendenta y su padre. Gilberto Montanaro fue condenado el 30 de abril de 2026 mediante un acuerdo de juicio abreviado que quedó firme, por defraudación a la administración pública en concurso ideal con uso de documento público falso, en hechos vinculados al manejo de los fondos del programa.

La investigación abarcó contratos para construir 135 viviendas: 44 a cargo de Baszkir Construcciones, vinculada con Jacobo Baszkir; 48 de Eraiki S.A., representada por Néstor Sarasola; y 43 de ECA S.A., vinculada con Longinos Pacífico de Dios. La resolución atribuye a Gilberto Montanaro el control de las operaciones desde la firma del convenio hasta la disposición de los fondos y los pagos a las contratistas.

Qué cambia de ahora en más

En junio de 2026 la Fiscalía había desestimado las actuaciones contra Claudia Montanaro, pero esa medida era provisoria y dejaba abierta la posibilidad de reabrir la investigación si aparecían nuevas pruebas. Ese carácter temporal fue el motivo por el que la defensa fue por más y pidió el sobreseimiento definitivo.

La resolución establece que, una vez firme, el sobreseimiento impedirá iniciar otra persecución penal contra Claudia Yannet Montanaro por los mismos hechos.