La Justicia de Tucumán estrena una oficina que saldrá a verificar si las medidas de protección por violencia familiar realmente se cumplen. Dónde empieza a funcionar y qué cambia para quienes dependen de esas órdenes.
El Poder Judicial de Tucumán pone en marcha desde este viernes una oficina provincial que verificará que las órdenes de los jueces en causas de violencia familiar se ejecuten de verdad. La estructura funcionará en los cuatro centros judiciales y arrancará de forma escalonada durante las próximas tres semanas.
Se trata de la Oficina de Gestión Asociada Provincial de Procesos de Violencia Familiar, creada por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán mediante la Acordada N.º 1027/26. Su eje central será el control de la ejecución de las medidas de protección, es decir, comprobar que las decisiones judiciales se traduzcan en acciones concretas y no queden en el papel.
Qué hará el área de Control de Ejecución
Ese sector tendrá a su cargo el seguimiento de las notificaciones y la coordinación con organismos públicos y entidades privadas que deban intervenir para hacer efectivas las disposiciones judiciales.
Un ejemplo claro: cuando un juez ordene una consigna policial como medida de protección, el área se comunicará con la Policía para verificar que se haya implementado. Así se busca reforzar el seguimiento de las medidas ordenadas y comprobar su cumplimiento.
Cómo se implementará en la provincia
La nueva oficina comenzará a funcionar de manera progresiva durante las próximas tres semanas. Este viernes 30 de octubre se implementará en los centros judiciales Capital y Monteros; el jueves 5 de noviembre se incorporará el Centro Judicial del Este y el jueves 19 de noviembre comenzará a funcionar en el Centro Judicial de Concepción.
La nueva estructura
Además del área de Control de Ejecución, la oficina contará con equipos de Despacho Urgente, Comunicaciones y Guardia Provincial. Estas áreas trabajarán de manera coordinada para acompañar las distintas etapas de tramitación de las causas por violencia familiar.
Otro de los cambios será la posibilidad de distribuir tareas entre equipos de distintos centros judiciales. Así, funcionarios y empleados podrán colaborar desde sus respectivas sedes en la tramitación de expedientes de otras jurisdicciones, de acuerdo con la organización del servicio.
El nuevo modelo apunta a unificar criterios de trabajo, profundizar la especialización y distribuir las tareas según las necesidades del conjunto de la provincia, sin perder la presencia territorial necesaria para atender las particularidades de cada centro judicial.
Una respuesta judicial de alcance provincial
La iniciativa se enmarca en la Ley Provincial N.º 7264 de Protección contra la Violencia Familiar, que establece un régimen de protección y asistencia integral para las personas afectadas.
En los fundamentos de la acordada, la Corte destaca la necesidad de garantizar procedimientos judiciales ágiles, urgentes, eficaces y especializados, orientados a resguardar la integridad psicofísica de las personas y reducir los riesgos derivados de situaciones de vulnerabilidad.
Como antecedente, se tomó la experiencia de la Oficina de Gestión Asociada de Procesos de Violencia Familiar del Centro Judicial Capital, que comenzó a funcionar en septiembre de 2025 y permitió unificar metodologías de trabajo y profundizar la especialización en la tramitación de estas causas.
Con la ampliación del esquema a toda la provincia, el Poder Judicial busca mejorar la coordinación entre los centros judiciales y fortalecer la organización del servicio, con especial atención al seguimiento de las medidas de protección dispuestas por los jueces.
