La justicia ya analiza la primera demanda laboral contra ANPYN: qué reclaman los trabajadores del puerto

La Justicia Federal de Ushuaia dio luz verde a la primera demanda laboral contra la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ANPYN) por la intervención del puerto. Los trabajadores sindicalizados denuncian que fueron excluidos sin explicación y reclaman el restablecimiento de sus derechos.

El Juzgado Federal a cargo de Federico Calvete notificó formalmente a ANPYN para que responda por la prohibición de ingreso a la terminal, la restricción de la actividad sindical y la aplicación de la normativa durante los últimos siete meses. La medida cautelar solicitada busca el reingreso inmediato de los representantes sindicales.

¿Qué denuncian los trabajadores?

Daniela Almada, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP) en Tierra del Fuego, relató que el acceso al puerto quedó condicionado a un listado. Quienes no figuraban en esa nómina dejaron de entrar de un día para el otro.

“Nos fuimos un día, podíamos ingresar normalmente, y al otro día estaba bloqueado el ingreso. No hubo explicaciones”, describió Almada. La dirigente también advirtió por la situación económica: los salarios se siguen pagando con fondos destinados a infraestructura y obras de la Dirección Provincial de Puertos, que no se reponen con la recaudación.

“No es solamente el acceso, sino también la parte económica, los fondos y la subsistencia de la institución. Ese fondo se sigue gastando y en algún momento nos vamos a quedar sin”, alertó.

Los planteos del abogado

El abogado Manuel Raimbault explicó que la demanda solicita que cese la discriminación vinculada con la prohibición de ingreso, que se restituyan las condiciones de trabajo y la actividad sindical, y que la intervención se ajuste a la normativa pública local. Según sostuvo, los representantes con tutela sindical no pueden ser apartados sin una decisión judicial fundada.

Raimbault también cuestionó la eliminación de los circuitos administrativos de control. Señaló que la intervención del personal de planta permite formular observaciones y dar participación a organismos como Fiscalía de Estado o Tribunal de Cuentas. “Hoy el puerto es una zona libre de normatividad y de derechos laborales. No hay libertad sindical, no hay convenio colectivo aplicable y tampoco hay derecho público ni control”, afirmó.

En ese contexto, calificó al puerto como “un santuario de arbitrariedad”.

¿Qué pasó con el acto de intervención?

Otro aspecto incorporado a la causa es la secuencia con la que comenzó la medida. El abogado indicó que el acto de intervención fue firmado el 21 de enero y mencionó un acta notarial sobre lo ocurrido pocas horas después, cuando autoridades provinciales intentaron ingresar a la terminal.

Según su planteo, funcionarios nacionales ya impartían instrucciones en el lugar antes de que la intervención estuviera formalmente operativa. “O es falso lo que firmaron en Buenos Aires o ya estaban adentro del puerto antes de que la intervención fuera operativa”, sostuvo.

A partir de esa reconstrucción, Raimbault afirmó que la demanda dejó planteadas objeciones sobre la legalidad y constitucionalidad de la intervención. También señaló que la causa puede alcanzar la administración de los recursos y las responsabilidades derivadas.

¿Qué viene ahora?

La respuesta de ANPYN definirá el siguiente paso procesal. Si el organismo niega los hechos denunciados, Calvete podrá abrir un período de prueba para determinar si existió discriminación, si se impidió efectivamente el ingreso y bajo qué condiciones se adoptaron las medidas cuestionadas. Por tratarse de un amparo, Raimbault indicó que esa etapa tendría plazos breves y luego el juez deberá dictar sentencia.

El reclamo institucional

Almada también cuestionó la respuesta política e institucional recibida durante estos meses. Reconoció el acompañamiento de organizaciones sindicales, incluida la CGT, y las gestiones que permitieron llevar el reclamo a la Legislatura, pero sostuvo que con el paso del tiempo el respaldo perdió intensidad.

“El silencio institucional que se vive desde la mayoría de las aristas es sumamente desalentador. Hemos tocado puertas, buscado respuestas y en el momento de los hechos tampoco se toman decisiones”, expresó.

La dirigente aseguró que tampoco hubo acercamientos de representantes de La Libertad Avanza ni de autoridades de ANPYN para explicar las decisiones adoptadas. Los trabajadores sostuvieron el reclamo por vías institucionales y sin afectar la terminal, una conducta que Almada vinculó con la defensa de la fuente laboral y del patrimonio portuario.

Raimbault consideró que el caso puede abrir una discusión sobre los límites de una intervención nacional sobre un organismo provincial, la tutela sindical, las vías de hecho y la aplicación del Convenio 190 de la OIT sobre violencia en el trabajo. “Si frente al hecho, frente a la fuerza y frente a la prepotencia no se aplica el derecho, eso tiene consecuencias. Para eso está la Justicia y para eso está la Constitución”, concluyó.