Los productores venían advirtiendo que cada loteo sobre suelo agrícola se lleva canales y drenajes por delante. La Legislatura movió ficha con una ley que divide las tierras en dos y hasta prevé sanciones: quiénes votaron en contra.
La Cámara de Diputados de Neuquén convirtió en ley el nuevo marco regulatorio para las tierras productivas con sistema de riego y drenaje. La aprobación en general llegó este martes por la tarde con una diferencia contundente: 26 votos a favor y apenas 2 en contra, tras una jornada que se extendió desde las 11 hasta las 15.15 y que contó con 34 legisladores en el recinto.
El proyecto había sido anunciado por el gobernador Rolando Figueroa cuando abrió el período ordinario de sesiones. La 24ª sesión ordinaria estuvo encabezada por la vicepresidenta primera, Zulma Reina, y siguió el debate el secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeau.
Quiénes acompañaron y quiénes rechazaron
El respaldo provino de los bloques Comunidad, MPN, PRO-NCN, Fuerza Libertaria, UxP, Avanzar, Arriba Neuquén, Neuquén Federal, Juntos y JxC-UCR. Democracia Neuquén se partió en el voto, mientras que el PTS-FIT-U fue la única fuerza que rechazó la iniciativa en bloque.
El objetivo declarado de la norma es frenar la fragmentación del suelo agrícola y evitar que esas tierras terminen absorbidas por urbanizaciones u otros usos que chocan con la producción. Para eso, la ley traza dos categorías. Por un lado, las “Áreas Productivas Bajo Riego Protegidas”, que deben mantener su función productiva, la continuidad del suelo agrícola y la capacidad operativa del sistema de riego y drenaje. Por el otro, las “Áreas de Reserva para Expansión Productiva”, donde los titulares podrán conservar los usos legítimos que ya existían, siempre con las condiciones y limitaciones que fija la propia ley.
El dato que puso sobre la mesa el oficialismo
Como miembro informante, el diputado Francisco Lepore (Avanzar) subrayó que el texto original cambió de manera sustancial gracias a los aportes de las distintas bancadas, hasta lograr un consenso amplio. Y puso una cifra concreta sobre la mesa: en la última década la provincia perdió cerca de 10 mil hectáreas productivas bajo riego.
“Estamos dando los pasos necesarios para discutir el desarrollo de la provincia para los próximos 20 ó 30 años. Necesitamos una provincia conectada y productiva que nos permita consolidar una matriz más allá del petróleo”, sostuvo el legislador.
Lepore no se quedó solo en la protección: remarcó que la norma también trae herramientas e incentivos para extender la superficie irrigada. “Seguir sumando áreas y proyectos productivos. Queremos dejar previsto hacia dónde se debe crecer”, apuntó. Además, mencionó que la ley prevé un esquema de sanciones que distingue entre una chacra que debió salir de producción y otra donde avanza un loteo que “destruye canales o tapa drenajes”, una postal que, según dijo, se ve en la actualidad.
Los apoyos con reparos y la voz del rechazo
Brenda Buchiniz (Cumplir) consideró que el trabajo legislativo desembocó en una mejor ley. Destacó tres incorporaciones: los regímenes de fomento a la producción, el resguardo de las autonomías municipales y el pago de un canon por el uso del agua.
Desde el PRO-NCN, Marcelo Bermúdez acompañó el objetivo general pero reclamó seguridad jurídica para quienes compraron tierras con fines inmobiliarios antes de que la ley existiera, con el aval de las autoridades municipales y sus códigos urbanístico y ambiental. Según planteó, hay decisiones previas a la norma que deben contemplarse sin límite de tiempo.
El MPN también respaldó con elogios. Gerardo Gutiérrez valoró el acuerdo que recogió aportes de otros bloques y reivindicó las sugerencias de las Cámaras de productores. Definió la norma como una “herramienta” que no solo protege las áreas sino que potencia al sector y promueve ampliar la superficie productiva.
El único rechazo de fondo llegó de César Parra (FIT-U), quien sostuvo que la ley está en sintonía con los intereses de las empresas del sector petrolero. Recordó la reutilización de aguas provenientes del fracking y la obligación de realizar emprendimientos productivos para acceder a áreas concesionadas a la actividad.
Los otros temas que pasaron por la sesión
Al arranque de la jornada tomó estado parlamentario el proyecto para crear el Código Procesal de Familia, presentado por Figueroa, por Reina y por el titular del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Mazieres. La iniciativa fue girada a la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A).
El pleno también aprobó en general otras tres normas: la creación de tres cargos de jueces de primera instancia con competencia en lo Civil, Comercial y Minería; la creación del Centro de Documentación, Archivo e Investigación “Dra. Elsa Moreno” dentro del Sistema de Salud; y la modificación de tres artículos del Código Procesal Administrativo para adecuarlo al Código Procesal Civil Adversarial.