La letra chica del Presupuesto que puede dejar a tu obra social sin cubrir tratamientos
Tres artículos en el Presupuesto que casi nadie vio: así el Gobierno quiere cambiar el financiamiento de la discapacidad y las obras sociales ya no estarían obligadas a cubrir lo mismo para todos.
La Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis) denunció que el Gobierno nacional incluyó tres artículos en el proyecto de Presupuesto que modifican el financiamiento del sistema y ponen en riesgo la atención de miles de personas. Según la entidad, la reforma fue introducida "de forma encubierta" y, de aprobarse, eliminaría el criterio de universalidad que hoy garantiza las mismas prestaciones para todos, sin importar la obra social.
Verónica Antunes, integrante de la comisión directiva de Capredis, contó que el martes pasado los prestadores estaban en el Congreso defendiendo la prórroga de la ley de emergencia en discapacidad y que menos de 24 horas después se toparon con la reforma. "El miércoles a la mañana nos encontramos lamentablemente con esta reforma encubierta en el proyecto de Presupuesto. La ley de prestaciones básicas es un ejemplo a nivel América Latina", señaló.
Qué cambia con la reforma
El punto más delicado, explicó Antunes, es la eliminación de la universalidad. "Cualquier persona con discapacidad, con cualquier obra social, accede a las mismas prestaciones independientemente de la obra social que tenga. Eso se elimina. Los prestadores van a tener que negociar. Si tenés una buena prepaga, te va a cubrir todo. Si tenés una mala obra social, no te va a cubrir", detalló.
La dirigente advirtió que el cambio beneficia a las obras sociales y a las prepagas, y perjudica a las familias, a las personas con discapacidad y también a las provincias, que deberán hacerse cargo de los servicios que dejen de prestarse. "No puede haber personas con discapacidad de primera, de segunda y de tercera. Y es lo que va a provocar esta reforma", sostuvo.
El ajuste que se pierde y la demora que ya golpea
La ley de Emergencia en Discapacidad vence en diciembre de 2026 y la intención del sector era que se extendiera el aumento de acuerdo al IPC. Con el nuevo esquema, solo el programa federal Incluir Salud y el Pami mantendrían aumentos cada tres meses; el resto de las obras sociales y prepagas quedarían sin referencia y podrían ofrecer el valor que quieran pagar. "Se pierde la referencia y va a ser muy difícil negociar. Estos cambios pueden generar una situación de monopolio y les producen mucha incertidumbre a las familias porque no saben si su obra social les va a cubrir el tratamiento. Es descabellado", afirmó Antunes.
A eso se suma un problema que ya afecta al sistema: el fondo solidario que redistribuye los aportes de los empleados formales tarda cada vez más en recaudarse. "Como Arca no recauda la cifra que debe enviar, retrasa el envío del dinero. Hoy estamos con la cadena de pago con una demora de 120 días", cerró.
