La ley ambiental que regía desde 1978 quedó atrás: qué cambia para quien produce en Entre Ríos

El nuevo régimen de gestión ambiental para las actividades económicas ya está en plena vigencia en Entre Ríos. Se trata de la reglamentación de la Ley Nº 11.250, que reemplaza a la Ley Nº 6.260, sancionada en 1978, y unifica los procedimientos ambientales para emprendimientos en todo el territorio provincial.

La norma apunta a ordenar el vínculo entre el Estado y quienes producen o invierten, con procedimientos digitales y criterios comunes para la evaluación ambiental. La reforma fue impulsada por el gobierno de Rogelio Frigerio.

Certificado Único Ambiental: qué concentra

Uno de los ejes del nuevo esquema es el Certificado Único Ambiental (CUA), que concentra y reemplaza los certificados del sistema anterior. Según explicó la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, será una de las principales herramientas del régimen y permitirá reunir trámites que hasta ahora estaban separados.

Hojman señaló que el nuevo marco se sustenta en la Constitución provincial y en la Ley General del Ambiente.

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, afirmó que la reglamentación busca dejar atrás procedimientos "burocráticos y dispersos" y dar reglas claras y mayor agilidad administrativa a quienes producen e invierten en la provincia.

"La ley busca la modernización y la simplificación de los procedimientos, pero sin renunciar bajo ningún punto de vista a las potestades de control y fiscalización del Estado provincial", sostuvo el funcionario al presentar los alcances de la medida.

Uso del suelo: qué sigue en manos de municipios y comunas

Junto con la reglamentación, la Secretaría de Ambiente emitió resoluciones complementarias. Una de ellas fija un modelo uniforme con contenidos mínimos para el Certificado de Uso de Suelo Conforme, con criterios comunes para municipios y comunas.

La Provincia aclaró que ese modelo no modifica las competencias de los gobiernos locales: los municipios y comunas seguirán determinando la factibilidad del uso del suelo dentro de sus jurisdicciones.

También se dispuso una modalidad digital para la participación ciudadana en los procedimientos de evaluación ambiental. La herramienta permitirá acceder de manera remota a la documentación de los proyectos y presentar observaciones durante las consultas públicas.

Registro y fondo para el control ambiental

El régimen contempla la puesta en funcionamiento del Registro Provincial Ambiental (RPA), que centralizará información de las actividades alcanzadas por la normativa.

A su vez, se creará un Fondo de Control y Fiscalización Ambiental. Según informó el Ejecutivo, el esquema prevé mecanismos de cooperación con municipios y comunas y compartir recursos provenientes de sanciones para fortalecer el monitoreo territorial.

Con la reglamentación, la Provincia completa la puesta en marcha de una reforma que combina simplificación administrativa, digitalización, participación ciudadana y mecanismos de fiscalización, bajo los principios de desarrollo sostenible de la legislación ambiental.