La ley de Discapacidad que desafía a Milei: qué se cumplió y qué quedó en el aire

La emergencia nacional en discapacidad está a cuatro meses de vencer y las organizaciones del sector denuncian que la ley se aplicó a medias. Mientras el Gobierno celebra avances, prestadores y familias aseguran que los aranceles siguen sin cubrir los costos y que las prestaciones se deterioran día a día.

El recorrido de la norma fue turbulento. En junio de 2025, Diputados le dio media sanción; en julio, el Senado la convirtió en ley. Pero el presidente Javier Milei la vetó en agosto. La oposición reunió los votos para rechazar el veto en ambas cámaras y la ley quedó firme en septiembre.

Sin embargo, el Gobierno la promulgó pero suspendió su aplicación hasta que el Congreso definiera el financiamiento. La Justicia Federal intervino en diciembre y ordenó la “inmediata puesta en marcha”. Recién en febrero de este año se reglamentó.

¿Qué establece la ley?

La norma declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 y busca recomponer el sistema de prestaciones: centros de día, hogares, terapias, transporte y alimentación. Estos servicios se financian con PAMI, obras sociales y el programa Incluir Salud.

Antes de la ley, los aranceles estaban muy atrasados frente a la inflación. La norma obligó a actualizarlos automáticamente desde enero de 2025 y a hacer un estudio de costos para que reflejen la realidad. Además, creó una nueva pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber mínimo, compatible con trabajo registrado.

Las críticas de las organizaciones

Pablo Molero, coordinador del Foro por la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, asegura que “la ley se ha cumplido a medias”. El ajuste se hizo sobre diciembre de 2024, ignorando la inflación de 2023-2024, y calcula un atraso del 40%. El Ministerio de Salud lo niega y habla de una base “consensuada”.

Daniel Ramos, de CAIDIS, describe la situación: “Las instituciones no cierran, pero se van degradando. Los transportes no funcionan todos los días y los padres tienen que buscar fondos para la comida”. La compensación por servicios prestados entre 2023 y 2024, que debía pagar el Tesoro, sigue sin efectivizarse.

Pensiones: la otra deuda

El CELS reveló que hay más de 227 mil expedientes de pensiones sin resolver, y el 72% son anteriores a 2023. El Ministerio de Salud reconoce 313 mil pendientes, pero dice que ya saneó miles de trámites. Solo 8.633 pensiones se otorgaron en dos años y medio.

¿Qué pasa con la prórroga?

La emergencia vence el 31 de diciembre. La ley permite una prórroga, pero no está claro quién debe decidirla. Diputados opositores ya presentaron un proyecto para extenderla un año más, con apoyo de ocho bloques. Molero es pesimista: “Hagas lo que hagas, no te dan pelota”.

La discusión vuelve al Congreso, y el futuro de miles de personas con discapacidad queda en juego.