La ley de discapacidad ya tiene media sanción, pero estas familias sanjuaninas pagan de su bolsillo para que atiendan a sus hijos
¿De qué sirve una cobertura del 100% si los especialistas se niegan a atender por los montos que fija el nomenclador? La referencia de Autismo San Juan contó qué pasa cuando la obra social no alcanza y quién termina poniendo la plata.
La Cámara de Diputados aprobó la media sanción de la Ley de Discapacidad y en San Juan las familias recibieron la noticia con una mezcla de alivio y desconfianza. Amelia Serrano, referente de Autismo San Juan, resumió esa sensación ante el móvil de Canal 13: el consenso político es un paso importante, pero la letra escrita sigue chocando contra la realidad de todos los días.
El primer frente de batalla es la plata. Según explicó Serrano, el nomenclador de prestaciones está desactualizado: la ley promete una cobertura del 100%, pero los montos base son tan bajos que neurólogos, psiquiatras y otros especialistas directamente se niegan a atender por obra social.
El número que grafica la crisis
Las Docentes de Apoyo a la Inclusión (DAI) cobran en promedio 400.000 pesos por mes por acompañar a un chico cuatro horas diarias, de lunes a viernes. Con esos valores, muchas familias terminan poniendo dinero de su propio bolsillo para que el profesional no abandone el caso.
La situación local no es un caso aislado. A lo largo del país, transportistas, terapeutas y centros de rehabilitación vienen denunciando pagos atrasados de las obras sociales y aranceles pulverizados por la inflación, lo que achica cada vez más la oferta de servicios disponibles.
La otra barrera: la escuela
A la dificultad para acceder a la salud se suma el problema educativo. Serrano contó que las escuelas comunes abren muy pocos cupos y ponen trabas para recibir a los chicos, mientras que en la provincia faltan centros de rehabilitación.
La normativa tiene un plazo de 90 días para quedar firme. Hasta entonces, las familias esperan respuestas concretas: quieren saber con qué presupuesto real van a contar y que se salden las deudas históricas con los prestadores, para que la ley no termine siendo solo un papel.
