La Ley Lucio llegó a las aulas de Corrientes: el rol que ahora tendrán los docentes

Directivos, docentes y personal no docente de toda la provincia participaron de una capacitación sobre la Ley Nacional 27.709, conocida como Ley Lucio, en una jornada que se dictó en el Auditorio Julián Zini y que también se siguió de forma virtual desde distintos puntos del territorio.

La actividad fue organizada por los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Educación, en el marco de las capacitaciones que impulsa el Gobierno provincial, y puso el foco en el papel de la escuela como primer ámbito de detección de situaciones que vulneran los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Qué establece la norma y por qué alcanza a las escuelas

La Ley Lucio implementa la “capacitación federal obligatoria en materia de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en todos los niveles del Estado”, según explicó la abogada Gabriela Gómez Álvarez, capacitadora del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La formación se enmarca en un convenio entre las carteras de Justicia y Educación, con el objetivo de alcanzar a todo el personal docente de la provincia dentro del Plan Federal y de la Ley 26.061 de Protección Integral. La propuesta apunta a dar herramientas para prevenir, detectar y actuar frente a posibles vulneraciones, y a consolidar a directivos, docentes, auxiliares y agentes estatales como actores activos de protección.

“Los primeros detectores”

Para Gómez Álvarez, avanzar con esta política pública es “sumamente importante” porque la escuela es uno de los primeros organismos que están cerca de los chicos y sus integrantes funcionan como “los primeros detectores” de posibles situaciones de vulnerabilidad.

La capacitadora subrayó además la “corresponsabilidad” que impone la Ley 26.061 en materia de detección, protección y actuación. Esa responsabilidad, dijo, “alcanza al Estado en todos sus niveles, incluidos los municipios, las comunidades pequeñas, los vecinos, a todos como sociedad”, porque “no hay solo un Estado garante sino una comunidad obligada a actuar, detectar y acompañar”.

Un equipo interdisciplinario y una formación que busca ampliarse

La jornada contó con un equipo de disertantes integrado por Mariana Mendiburu, abogada y asesora legal del Ministerio de Justicia y DDHH; Natalia Elena Godoy, licenciada en Ciencias Criminalísticas y Criminología; la propia Gómez Álvarez y la profesora Antonella Barrios.

La intención es extender la capacitación a otros ámbitos del Gobierno provincial, y las reparticiones públicas o privadas que quieran solicitarla pueden hacerlo ante el Ministerio de Justicia. La Ley Lucio forma parte del programa “Construir Ciudadanía”, que busca “acercar a la ciudadanía a conocer sus derechos y sus obligaciones”.

Gómez Álvarez recordó que desde 2022 la Dirección de Protección de la Niñez (DIPNA) pasó a la órbita de Justicia como órgano de aplicación de la Ley 26.061 y consideró a la Ley Lucio una de las normas “más relevantes” por involucrar a una “población muy sensible”. También la ubicó entre las que el Ministerio tiene “como prioridad”, en sintonía con la propuesta del Gobierno de Corrientes de tener “un gobierno más cerca de sus ciudadanos”.

La mirada de las docentes

Las participantes de la jornada valoraron la propuesta y coincidieron en la necesidad de contar con herramientas que permitan reconocer posibles situaciones de vulneración de derechos y saber cómo actuar ante ellas.