La ley penal juvenil ya tiene sus primeros casos en Entre Ríos y el defensor general lanzó una advertencia

El nuevo régimen penal juvenil empezó a funcionar en septiembre y en apenas unas semanas ya registró dos casos en Entre Ríos, ambos por delitos contra la propiedad. El dato lo confirmó el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez, quien además dejó una frase que incomoda a los impulsores de la norma: bajar la edad de imputabilidad "no asegura" que disminuya el delito.

Benítez hizo estas declaraciones durante una entrevista en Plaza Mansilla, el programa que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, donde analizó los alcances de la legislación y explicó por qué presentó objeciones.

El cuestionamiento que va más allá de la edad

El defensor general aclaró que sus reparos no se limitan a la reducción de la edad de responsabilidad penal. "No es solamente la baja de la edad, porque la baja de la edad no es lo más grave de esta ley", afirmó.

Su principal objeción apunta a que la norma no distingue con suficiente precisión entre adolescentes de distintas edades y grados de madurez. "No es lo mismo un hecho que comete un niño de 14 años que un hecho que comete un adolescente de 17 años y 10 meses. La expectativa de pena de uno y de otro no puede ser la misma", sostuvo.

Recordó que el régimen anterior contemplaba diferencias según la gravedad del delito y la edad del involucrado, algo que, según su lectura, la nueva ley dejó de lado.

El caso extremo que preocupa a la Defensa

Benítez advirtió que, con el nuevo marco, conductas de menor gravedad podrían terminar dentro de un proceso penal. "Si nos vamos a un extremo, una amenaza o una trompada en un recreo en una escuela puede hacer posible que ese niño o adolescente tenga que pasar por todo un proceso penal", ejemplificó.

Sin embargo, llevó tranquilidad para el ámbito provincial: consideró que ese escenario no debería repetirse en Entre Ríos gracias a los protocolos que elaboraron los organismos judiciales. "Nosotros, desde el Ministerio Público, sacamos un protocolo y el Ministerio Fiscal sacó un excelente protocolo", indicó.

Además, remarcó que la incidencia de delitos cometidos por adolescentes de esa franja etaria es baja en la provincia. "El índice de delitos cometidos por esa franja etaria en la provincia de Entre Ríos es, por suerte, muy menor", aseguró.

Los dos casos que ya tramitan

El funcionario precisó el dato más concreto de la entrevista: "Desde la vigencia de esta ley, que fue a principios del mes de septiembre, hasta hoy, tenemos dos casos en la provincia y son delitos contra la propiedad".

En ambos expedientes ya se activaron los protocolos correspondientes y deberán intervenir los distintos actores del sistema judicial. Benítez insistió en que la prioridad será aplicar la ley sin vulnerar garantías constitucionales. "Vamos a tratar de hacer una aplicación racional de la ley y conforme a la Constitución Nacional. Salvo alguna violación muy grosera para un caso concreto, se podrá declarar la inconstitucionalidad", planteó.

Por qué dice que la baja de edad no alcanza

Para fundamentar su postura, Benítez apeló a su experiencia como defensor de primera instancia en Concordia. "Tenía privados de la libertad a 80 niños. Y si usted me pregunta si el hecho de estar privados de la libertad aseguró algo a la sociedad, no. Cometieron los delitos más graves", relató.

También comparó con países vecinos que tienen edades de imputabilidad más bajas. "Uruguay y Brasil tienen edades de 14 o 12 años y tienen más delitos que nosotros. La baja no asegura que no existan más delitos o que disminuya el delito", afirmó.

Las penas, en la mira

Otro punto cuestionado por el defensor general es la extensión de las penas privativas de libertad que contempla la ley, con un tope de 15 años para adolescentes. "Brasil, por ejemplo, fija una pena de tres años. Uruguay fija una pena máxima de 10 años", comparó.

Y remató: "Esa pena es excesiva, porque a un chico de 14 años le podés llegar a aplicar una pena que es mayor a los años de vida que tiene".

Qué delitos llegan más a la Defensa Pública

Consultado por el panorama general de las causas, Benítez señaló que los delitos contra la propiedad lideran las condenas y las privaciones de libertad en la provincia. "El delito que más tenemos, por el que más se condena y por el que más personas hay privadas de la libertad, es el delito contra la propiedad, es decir, el robo", detalló. En segundo lugar ubicó las causas por abuso sexual.

Por último, advirtió que la demanda sobre la Defensa Pública crece y abarca también cuestiones de familia, salud mental y otras situaciones de vulnerabilidad. "Había mucha gente que anteriormente podía pagar un abogado y hoy no lo puede pagar, o no tenía problemas y hoy los tiene", cerró.