La ley que deja sin comprador a las dos plantas de biodiésel de La Pampa

La media sanción del Senado al nuevo régimen de biocombustibles que impulsa el Gobierno nacional puso en alerta a las dos únicas elaboradoras de biodiésel de La Pampa: Pampa Bio, de General Pico, y Enresa, de Catriló. Las pymes del rubro sostienen que el esquema les recorta mercado año tras año y que, en el escenario más duro, podría cerrar más de la mitad de las fábricas del país.

Con la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) como paraguas, las firmas de La Pampa, Buenos Aires, San Luis y Entre Ríos —responsables del 65% del biodiésel nacional y opositoras al proyecto— negocian cambios en la Cámara de Diputados.

Federico Martelli, director ejecutivo de la entidad, dijo al portal La Política Online que los gobiernos pampeano, bonaerense y puntano comparten esa postura. “La Libertad Avanza puede tener mayoría, pero consenso no”, afirmó.

Qué cambia con la reforma

El proyecto sube del 7,5% al 10% el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil. Sin embargo, según el análisis de la cámara, el cupo reservado a las empresas no integradas —las pymes— baja de manera escalonada hasta el 4% en 2031 y se extingue en 2036.

Traducido: si la ley sale como viene del Senado, en diez años Pampa Bio y Enresa se quedarán sin a quién venderle su producción.

El bioetanol que se mezcla con las naftas, en tanto, pasaría del 12% al 15%, con seis puntos garantizados para la caña de azúcar y otros seis para el maíz durante toda la vigencia de la norma. Para las pymes el balance es desparejo: mejora la posición de las provincias bioetanoleras a costa de las biodieseleras.

A eso se agrega la apertura del mercado interno a las grandes aceiteras del polo rosarino, que hasta ahora solo podían exportar. De acuerdo con Cepreb, esas compañías elaboran su propio aceite y, además, abastecen a las pymes con las que ahora competirían.

La desventaja de escala

El aceite de soja representa el 80% del costo del biodiésel. Las plantas regionales deben comprarlo y pagar el flete, mientras que las empresas integradas trabajan a mayor escala y con materia prima propia.

La cámara calcula que, con el cupo protegido en 4%, el volumen disponible para las pymes caería de 902.700 a 481.440 toneladas anuales. En ese escenario desaparecerían 14 de las 25 plantas del país, nueve de ellas en territorio bonaerense.

La jugada de Kicillof y el frente interno

En Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof prepara un régimen de Compre Bonaerense para que las refinerías de La Plata, Campana, Dock Sud y Bahía Blanca prioricen biodiésel de plantas de la provincia, con beneficios impositivos y contratos de abastecimiento. Sus impulsores estiman que podrían disputarse unas 500 mil toneladas al año, y las conversaciones habrían despertado interés en La Pampa y San Luis.

En el Congreso, el diputado pampeano del PRO Martín Ardohain reclamó que la comisión de Agroindustria, que preside, participe del debate en Diputados. La senadora pampeana Victoria Huala, del mismo partido, votó a favor de la media sanción del proyecto de Bullrich, en contra de los intereses de las pymes de su provincia. El radical Daniel Kroneberger no votó por estar ausente y el peronista Daniel Bensusán, que sí estuvo en la sesión de mediados de septiembre, se opuso.

Cepreb propone llevar el corte al 12,5%, con cinco puntos para las pymes regionales, 2,5 para las no integradas de Rosario y cinco de libre mercado, manteniendo esos segmentos durante toda la ley.

La disputa también partió a la Liga Bioenergética, que había reunido a ocho provincias detrás de una legislación común, y divide al peronismo, donde legisladores santafesinos podrían acompañar la reforma.

Mientras tanto, Pampa Bio y Enresa esperan definiciones que pueden marcar su continuidad.