La ley que esperaban los proveedores mineros ya tiene fecha: Perea dio el plazo clave
Economía · San Juan

La ley que esperaban los proveedores mineros ya tiene fecha: Perea dio el plazo clave

El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, reveló cuándo quedará reglamentada la Ley de Desarrollo Local Minero y qué pasará con los proveedores sanjuaninos. El dato que esperaban las empresas locales.

El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, confirmó este jueves que la Ley de Desarrollo Local Minero, sancionada este año por la Legislatura, será reglamentada antes de que termine 2026 y que su aplicación será inmediata, sin esperar al próximo año. El anuncio lo hizo durante su exposición en el Forum FNS 2026, donde repasó los avances de la política minera provincial y los desafíos para consolidar el crecimiento de la actividad.

Perea subrayó que el Gobierno trabaja intensamente en la reglamentación de la norma, que busca fortalecer la participación de empresas sanjuaninas en la actividad minera. "Este año la Legislatura de la provincia de San Juan sancionó la Ley de Desarrollo Local Minero. Para su entrada formal en vigencia, desde el Gobierno hemos estado trabajando muy fuerte en su reglamentación. No queremos una herramienta normal, sino que queremos una herramienta de clase mundial y que funcione", sostuvo el funcionario.

En ese sentido, recordó el compromiso inicial de avanzar con la reglamentación en un plazo de 60 días y confirmó que el proceso se concretará dentro de este año. "Dentro de este año esa ley va a ser reglamentada y va a empezar su aplicación inmediata", afirmó.

La puesta en marcha de esta normativa representa un paso relevante para el entramado productivo vinculado a la minería, en un escenario en el que la provincia busca que el crecimiento de las inversiones tenga un impacto cada vez mayor en las empresas locales, los trabajadores y las comunidades.

El crecimiento minero y las condiciones para invertir

Durante su presentación, Perea destacó el posicionamiento que alcanzó San Juan en el escenario minero nacional. Como respaldo, mencionó el último informe de la Secretaría de Minería de la Nación, que ubicó a la provincia como la segunda con mayor empleo minero directo del país y señaló que registra el crecimiento interanual más alto entre los distritos mineros argentinos.

El ministro vinculó estos indicadores con una serie de decisiones de gestión orientadas a mejorar las condiciones para el desarrollo de nuevos proyectos. Entre ellas, destacó los cambios en los procedimientos de evaluación ambiental.

Según explicó, históricamente estos trámites podían demorar 180 días o más, mientras que actualmente las evaluaciones de impacto ambiental se resuelven en aproximadamente 30 días, siempre en función de las características y la documentación de cada presentación. "Escuché también por ahí que eso era bajar la vara. Yo le digo que no es bajar la vara, sino que es ser eficiente y pensar y crear procesos óptimos", señaló.

Para Perea, la agilización de estos procedimientos fue uno de los cambios necesarios para superar obstáculos que condicionaban la llegada de inversiones. También aclaró que se trata de un trabajo colectivo, construido a partir de las inquietudes planteadas por las operadoras y del trabajo de los equipos técnicos del Ministerio.

El compromiso de Vicuña y la licencia social

Otro de los puntos que destacó fue la firma del acta de compromiso con la empresa Vicuña, posteriormente ratificada por la Legislatura provincial. El acuerdo contempla un aporte de 250 millones de dólares, que el funcionario interpretó como una señal de confianza en San Juan y en las condiciones que ofrece la provincia para el desarrollo de la minería.

Sin embargo, Perea advirtió que el crecimiento de la actividad no puede medirse únicamente por el volumen de inversiones. En su exposición, puso el foco en la necesidad de construir una relación sostenida entre el Gobierno, las compañías, los proveedores, los trabajadores y las comunidades.

En ese marco, se refirió a la licencia social como una condición que no puede imponerse mediante una decisión administrativa, sino que debe construirse con participación y resultados concretos. "La licencia social es algo que no se decreta, no la podemos poner en un decreto. Creo que es algo que tenemos que construir, y no lo tenemos que construir nosotros solamente, sino todos: el Gobierno, las operadoras, los proveedores, los trabajadores, y que todo eso se vea en beneficio de las comunidades", expresó.

Finalmente, el ministro convocó a los distintos actores de la actividad minera a aprovechar el encuentro para plantear sus preocupaciones, intercambiar perspectivas y encontrar puntos en común. También insistió en la importancia de sostener un discurso coherente frente a todos los sectores involucrados, desde los inversores hasta las comunidades donde se desarrollan los proyectos.

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