La ley que sostiene a las personas con discapacidad está por vencer y el Congreso define su futuro

La Cámara de Diputados retoma este miércoles 16 de septiembre de 2026 el debate por la prórroga de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, que expira el 31 de diciembre. Las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda se reúnen a las 12 en un plenario informativo, mientras las familias, las instituciones y las organizaciones denuncian atrasos en los pagos y recortes en los servicios.

El cronograma prevé un segundo encuentro, ya de dictamen, el miércoles 23 también al mediodía. La pulseada de fondo no es solo si se extiende la norma, sino cómo se financia y qué pasa con las deudas acumuladas.

El incumplimiento que nadie discute

La ley vigente obliga a actualizar todos los meses los pagos a los prestadores del sistema, tomando como referencia el IPC. Sin embargo, esa actualización está atrasada desde 2024 y la brecha en compensaciones adeudadas ya supera los $340.000 millones. A eso se suma que los pagos pueden demorar entre 30 y 90 días desde la facturación, un golpe directo para las instituciones y las familias.

El nuevo escenario lo abrió el proyecto de Presupuesto 2027 que el Gobierno envió al Congreso en la noche del 15 de septiembre. Allí se propone eliminar el artículo 7 bis de la ley de emergencia, el que obliga a actualizar de manera automática y mensual los pagos a los prestadores por inflación. En su lugar, cada obra social o prepaga podría fijar sus propios valores sobre un mínimo, en lugar de un nomenclador con valores uniformes para todo el sistema.

Qué cambia si se aprueba la prórroga

Si el Congreso avanza con la extensión, la emergencia en discapacidad se estira hasta 2027 y el sistema no queda sin respaldo legal cuando venza el plazo actual. Los efectos concretos serían:

— Se garantiza que los pagos a los prestadores sigan actualizándose, justo lo que la propuesta del Gobierno en el Presupuesto busca eliminar.

— Se mantiene el financiamiento de las prestaciones básicas, las compensaciones para saldar deudas con prestadores y el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad.

— Las personas con discapacidad pueden seguir cobrando una pensión y tener un trabajo en blanco.

— Se evita un ajuste mayor: sin la prórroga, las instituciones, el transporte y las terapias corren más riesgo de reducir o discontinuar servicios.

El debate en comisiones se da en medio de una discusión más amplia sobre el financiamiento del sector. La propuesta oficial de eliminar el artículo 7 bis podría redefinir por completo los términos de la prórroga que se discute esta semana.