La libreta que apareció en la celda de Báez y el nombre que la encabeza
Mientras Báez estaba preso, su patrimonio seguía moviéndose: la fiscalía habla de $390.880.000 y una red de familiares y colaboradores. En su celda apareció una libreta con nombres que ahora son el eje de la causa.
La Justicia Federal de Río Gallegos puso la lupa sobre una presunta asociación ilícita que habría seguido manejando el patrimonio de Lázaro Báez desde adentro de la cárcel. Según la acusación, el empresario habría dado órdenes desde el penal de Ezeiza para explotar y administrar bienes alcanzados por medidas judiciales, con una red de familiares y colaboradores que movió $390.880.000.
El expediente está en manos del fiscal federal Julio Zárate, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). La hipótesis fiscal sostiene que el grupo se apoyaba en parientes, allegados y personas que habrían cumplido tareas de administración, logística y manejo de fondos.
Los dos nombres que encabezan la estructura
Claudia Insaurralde, pareja del empresario, aparece señalada como el nexo entre Báez y quienes operaban puertas afuera del penal. De acuerdo con la investigación, habría transmitido instrucciones, reclamado el cobro de alquileres y recibido rendiciones de cuentas de las firmas del grupo.
El otro nombre central es Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como "Budín", sindicado como uno de sus principales colaboradores en Río Gallegos. La acusación le atribuye la administración de las estancias Alquinta y La Entrerriana, la coordinación del pago de sueldos y la gestión de contratos comerciales.
El expediente también lo menciona imputado en una causa conexa por una presunta organización dedicada al tráfico de drogas en Santa Cruz. Esa investigación tiene sus propias hipótesis y responsabilidades, y debe distinguirse del expediente por el manejo de los bienes de Báez.
El círculo familiar y las cuentas bajo la lupa
Valentina Micaela Devetac, pareja de Ibáñez, figura entre los investigados: según el expediente, habría sido titular de cuentas bancarias y financieras por las que circularon fondos bajo análisis judicial. Tiene restricciones, entre ellas la prohibición de salir del país sin autorización.
Fausto Ignacio Devetac, cuñado de Ibáñez, es señalado por su presunta participación en el traslado de bienes desde instalaciones de la firma Kank y Costilla y por custodiar llaves de propiedades vinculadas al grupo.
En el plano contable, la fiscalía apunta a Paula Beatriz Godfrid por la justificación de movimientos de dinero: habría usado un contrato de capitalización por 7.000 ovejas con la firma Austral Agro para simular actividades agropecuarias y canalizar transferencias hacia Ibáñez. Su hijo, Mauro Gastón Trevisan Godfrid, también está imputado por colocaciones financieras y transferencias consecutivas hacia cuentas de otros sospechosos.
Diego Ernesto Navarro es acusado de haber resguardado bienes y documentación. En un allanamiento en su domicilio de Río Gallegos se habrían encontrado papeles vinculados a Austral Agro y armas que, según la investigación, pertenecerían a Báez.
Jorge Manuel Ulloa aparece por su presunto rol en la circulación de fondos a través de cuentas bancarias y billeteras virtuales, con movimientos que, según la fiscalía, no serían compatibles con su perfil económico. Jorge Elías Agustín Agüero, en tanto, es señalado por tareas de administración de bienes y maquinaria del empresario, además de un presunto vínculo con el tráfico de drogas en una causa conexa.
Por último, Oscar Raúl Núñez, que ya cumple condena en otra causa, habría participado mediante comunicaciones telefónicas y terceros en la administración de bienes. La fiscalía le atribuye, entre otras tareas, la negociación de la venta de dos galpones por unos $250 millones.
El vuelo, los allanamientos y la libreta con el nombre clave
El avance más fuerte se dio el lunes 9 de noviembre, cuando una alerta vinculada a un vuelo hacia Buenos Aires permitió identificar a Insaurralde, Ibáñez y Devetac entre los pasajeros. La situación derivó en detenciones y allanamientos en Río Gallegos, El Calafate y la celda de Báez en Ezeiza.
Precisamente en el lugar donde está alojado el empresario, los investigadores encontraron anotaciones manuscritas con nombres de personas vinculadas a los negocios, encabezadas por el título "El Clan". Ese material quedó incorporado a la investigación.
El juez federal de Río Gallegos dispuso prisión preventiva por 180 días para Fausto Devetac, Oscar Núñez, Jorge Ulloa y Jorge Agüero. A esas medidas se sumaron las detenciones preventivas de Insaurralde e Ibáñez: en total, seis personas quedaron privadas de su libertad en el marco de esta causa.
Para Valentina Devetac, Paula Godfrid, Mauro Trevisan Godfrid y Diego Navarro se fijaron medidas alternativas, como la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante la Oficina Judicial.
La causa busca establecer si existió una estructura organizada para administrar, explotar y disponer de bienes vinculados a Báez pese a las restricciones judiciales. Por ahora, las funciones atribuidas a cada persona son parte de la hipótesis de la fiscalía y deberán examinarse en el proceso.