La licitación del río Paraná avanza, pero hay dos denuncias que la ponen en jaque

El gobierno nacional sigue adelante con la licitación de la Vía Navegable Troncal (VNT) del río Paraná, pese a que dos denuncias ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) advierten sobre una falla de origen no corregida: la falta de estudios de impacto ambiental previos al llamado a concurso. Según los impulsores de esas demandas, esa irregularidad podría hacer caer todo el proceso.

La PIA, órgano del Ministerio Público Fiscal especializado en corrupción, ya había alertado en febrero de 2025 que el primer intento de licitación no estaba a derecho. El gobierno suspendió aquel llamado y organizó una audiencia pública en noviembre de 2025 para presentar análisis ambientales parciales. Pero, para los denunciantes, eso no subsana el déficit principal: no se puede licitar una obra sin evaluar científicamente sus efectos negativos en el ecosistema.

El abogado Fabián Maggi, de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, explicó a Rosario3 que existen dos denuncias ante la PIA. La primera, presentada por su organización en octubre de 2025, ya superó la etapa de admisibilidad y tiene número de expediente. “Hace eje en dos cosas: la falta de estudios y la designación de Iñaki Arreseygor como director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), quien saltó de un estudio que representa a navieras y cerealeras a la función pública”, señaló Maggi. La segunda demanda, patrocinada por el jurista Eduardo Barcesat, también apunta a las mismas inconsistencias.

“Será antes o después, pero esto se termina cayendo de alguna manera”, anticipó Maggi. Y agregó: “Las responsabilidades del Estado ya son ineludibles. El dictamen de febrero de 2025 es un acto administrativo y dijo lo que dijo”.

El espejo de los glaciares

El abogado comparó el caso con la ley de Glaciares, que generó rechazos masivos y acciones judiciales. “Va a haber acciones judiciales de las organizaciones. El movimiento ambiental tiene una solidez y una cohesión enorme en todo el país”, afirmó. Explicó que, al ser un corredor interjurisdiccional, se pueden presentar demandas en distintos fueros e incluso a nivel internacional.

Mientras tanto, la licitación avanza. El miércoles pasado, la Anpyn abrió los sobres con las ofertas técnicas. Solo quedan en pie las dragadoras belgas Deme y Jan de Nul. En mayo se espera la apertura de las propuestas económicas.

Las objeciones atendidas y el hueco que persiste

La audiencia pública de noviembre de 2025 sirvió para difundir informes de gestión ambiental parciales, pero no para corregir la falla de origen. La PIA ya había advertido que “deviene irrazonable que se efectúen los pertinentes estudios de impacto ambiental con posterioridad a la confección del pliego”. Eso, dijo, “significa que la evaluación de impacto ambiental está pensada como una simple formalidad”.

El “Informe técnico final de la audiencia pública”, publicado diez días después, resume los planteos de los casi 250 oradores y ofrece respuestas oficiales. La Anpyn sostiene que el dragado es una actividad técnica manejable y que la VNT es una infraestructura estratégica que genera cientos de miles de puestos de trabajo. Sin embargo, el propio informe “aconseja” dictar normas para evitar la degradación del ambiente.

Sedimentos, pesca, oleaje y humedales

Sobre los sedimentos contaminados, la Anpyn asegura que no hay evidencias y que los clasificados como clase 0 o 1 no implican riesgo. Tampoco reconoce vinculación entre el dragado y el tapado de bocas de riachos, aunque pescadores de Victoria denuncian lo contrario. El informe oficial señala que “la gestión de la VNT deberá ajustarse a los lineamientos de la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú”.

Para Maggi, las respuestas oficiales son imprecisas. Pero el proceso sigue su curso, con dos denuncias abiertas que, según los ambientalistas, terminarán por hacer caer la licitación.