La llamaban “la cazadora del ICE”: la detuvieron en plena redada y lo que pasó después descolocó a todos
La llamaban “la cazadora del ICE” por seguir y filmar los operativos migratorios. La detuvieron en plena redada, pero lo que pasó con su teléfono y su abogado mientras estaba retenida es lo que hoy tiene en vilo a quienes graban a los agentes en California.
La activista conocida como “la cazadora del ICE” vivió en carne propia el operativo que había ido a filmar. Angie Vargas fue detenida por agentes federales el sábado 14 de noviembre en Huntington Park, California, y recuperó la libertad horas más tarde, sin que hasta el momento se conozcan cargos en su contra ni una explicación oficial del arresto.
Según relató la propia Vargas, que dice ser ciudadana estadounidense, la llegaron a interrogar durante unas dos horas y ella optó por no responder. Su abogado, Luis Carrillo, sostuvo que le negaron comunicarse con su clienta en más de diez oportunidades.
Qué denunció la defensa
Carrillo afirmó que ninguna de las acciones de Vargas justificaba el uso de la fuerza y que los agentes vulneraron sus derechos al impedirle el contacto con su letrado. A eso sumó, en diálogo con Univision, que la liberaron sin explicarle los motivos de la detención.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no se había pronunciado hasta el 15 de noviembre. Por eso el relato del trato recibido proviene únicamente de la activista y de su defensa: en el material consultado no consta ni una respuesta del organismo ni un testimonio de los agentes que participaron del procedimiento.
El episodio no es aislado en la historia de Vargas. ABC7 informó que, según su versión, una camioneta de la policía de Alhambra le cortó el paso mientras seguía a quienes creía agentes federales, y que Carrillo reclamó una investigación de asuntos internos. Univision ubica ese antecedente en enero de 2026.
Qué dice la ley sobre grabar operativos
La actividad de Vargas se apoya en un fallo concreto. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con jurisdicción sobre California, resolvió en 2018 en el caso Askins v. DHS que la Primera Enmienda protege el derecho a fotografiar y grabar asuntos de interés público.
Esa protección abarca, según la sentencia, el registro de agentes de la ley que cumplen funciones oficiales en lugares públicos.
Hay dos posiciones recientes que marcan el límite de ese derecho. El DHS le dijo a ProPublica que respeta el derecho a observar, pero que actuará si esas acciones interfieren u obstruyen sus operaciones. Y el 10 de julio un juez federal prohibió al DHS usar la fuerza para dispersar a los demandantes de L.A. Press Club v. Mullin, que documentaban operativos en el Distrito Central de California, según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).
Esa orden se refiere al uso de la fuerza y a los demandantes del caso: las fuentes consultadas no indican si alcanza a Vargas.
El número que enciende las alarmas
El recuento de ProPublica, que va de enero de 2025 al 21 de octubre de 2026, identificó 519 ciudadanos estadounidenses detenidos por agentes de inmigración. Al menos 63 estaban grabando cuando los retuvieron, y 36 pasaron un día entero o más sin poder contactar a un abogado o a sus familiares.
Entre los más de 300 ciudadanos acusados de agredir u obstruir a agentes, menos de la mitad enfrentó cargos federales, y muchos de esos casos terminaron desestimados.