La maquinaria de muerte que operaba desde la cárcel: condenaron a perpetua al narco Fran Riquelme y a once de sus sicarios

¿Cómo logró un preso comandar una ola de crímenes desde la cárcel? El juicio que destapó la ‘guerra abierta’ en el noroeste rosarino y dejó al descubierto la responsabilidad del Servicio Penitenciario.

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La maquinaria de muerte que operaba desde la cárcel: condenaron a perpetua al narco Fran Riquelme y a once de sus sicarios

El jefe narco barrial Francisco “Fran” Riquelme y once de sus secuaces fueron condenados a prisión perpetua por homicidios, balaceras y extorsiones en el marco de una saga criminal que sacudió las calles del noroeste rosarino entre 2021 y 2023. El tribunal dejó de manifiesto que, desde el Servicio Penitenciario provincial, dejaron operar a Riquelme, quien fue condenado a la pena máxima por instigar dos homicidios y liderar una asociación ilícita. Otros tres acusados recibieron penas de entre 5 y 6 años y medio.

El juicio, presidido por los jueces Natalia Benvenuto, Ariel Rodríguez y Gustavo Pérez de Urrechu, había comenzado el 16 de marzo con 15 hombres en el banquillo. El jefe del grupo, Fran Riquelme (34), operaba desde la cárcel de Piñero tras ser detenido en abril de 2020 y fue condenado como jefe de la banda.

Territorio en guerra

Los jueces recordaron que en 2022 el 25 por ciento de los homicidios de Rosario se concentraron en los barrios Ludueña, Industrial y Empalme Graneros, alcanzando su punto máximo en abril de ese año. En ese periodo “se vivió un clima de «guerra abierta» con balaceras diarias y el uso de la violencia extrema como herramienta de disciplinamiento social para consolidar economías ilegales”, señalaron.

Entre los condenados a perpetua se encuentran Lemuel “Lemo” Sciretta; Daniel “Gatito” Miranda García; Marcelo “Pachu” Chávez; Lisandro “Parce” Orellana; Alexis “Paisa” Álvarez; César Acosta Muñoz; Lucas Racca; Eric Enrique; Kevin Sosa y Franco “Milanesa” Almaraz. Por su parte, Héctor Agüero, Mauro Medina y Franco Aguiar recibieron penas de entre 5 y 6 años y medio.

Los crímenes que enlutaron al noroeste

Riquelme fue condenado por instigar el homicidio de Juan Cruz Ferrari, acribillado frente a una barbería de Reconquista y Dominicana el 23 de abril de 2023, y por la ejecución del transa Alejandro “Peladito” Ramírez, acribillado en De la Salle al 5800 el 16 de septiembre de 2022. Otro de los episodios fue el femicidio de Ludmila Loreley Orellana, asesinada de ocho disparos en Génova y Chaco el 15 de septiembre de 2022, cuyo instigador fue Marcelo “Pachu” Chávez.

También se ventiló el homicidio de Brian “Chichito” Ortigoza, cometido en febrero de 2022 en pasaje Vergara y Felipe Moré, y la ejecución de Cristian “Larva” Fernández, ocurrida el 14 de abril de 2022 en Gorriti al 6200. Fernández, enemigo de la banda, fue acribillado dentro de una camioneta Kia Sportage.

El ‘call center’ carcelario

La ejecución de Ferrari, primo de un rival de Riquelme, fue grabada con un celular y el video se viralizó. Según el juicio, se trató de un plan criminal ordenado por Riquelme, ejecutado por su ladero Alexis “Paisa” Álvarez, quien contrató a los sicarios tercerizados Kevin Sosa y Eric Enrique. El complot contó con la asistencia del transa Franco “Milanesa” Almaraz, quien convocó a la víctima desde prisión con la excusa de comprarle una moto.

Además, Riquelme fue hallado culpable como instigador de una balacera contra un domicilio de Donizetti al 100, ocurrida el 12 de febrero de 2023. “Deja la casa o te matamos a vos y a tu mujer att. la mafia… si no pagás vamos para la barbería”, decía la amenaza que acompañó los disparos.

Los antagonistas

En julio de 2021 irrumpió en el panorama criminal rosarino una alianza concebida en la cárcel de Piñero, que operaba con el sello de Los Monos y comenzó a disputarle el territorio a los soldados de Fran Riquelme. Los jefes de esa organización eran Julián Aguirre y Andy Benítez, quienes contaban con el padrinazgo de Matías “Pino” César, un gatillero de Los Monos condenado por los atentados a edificios judiciales de 2018.

El tribunal remitió copias al MPA en torno a una “eventual responsabilidad funcional de servidores públicos pertenecientes al Servicio Penitenciario y/o Policía provincial”.

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