La masacre que Argentina reconoció como genocidio y que 79 años después sigue sin juicio
La Corte Suprema y Casación tienen en sus manos dos causas que el Pueblo Pilagá espera desde hace 79 años. El Estado fue sentado en el banquillo por un genocidio que la justicia federal ya reconoció, pero el juicio sigue sin llegar.
El 10 de octubre de 1947, a las 18, en el Paraje La Bomba, cerca de Las Lomitas, Formosa, comenzó la persecución y ejecución masiva de miles de familias del Pueblo Pilagá. Ese día arrancó la Masacre de Rincón Bomba, uno de los capítulos más oscuros de la historia argentina, que con los años fue reconocido y tipificado por la justicia federal como genocidio.
La represión no terminó esa tarde. Durante semanas, fuerzas de seguridad del Estado —con la Gendarmería Nacional a la cabeza— contaron con la complicidad de instituciones religiosas y civiles de la época para desplegar una cacería humana por el monte formoseño. El objetivo: acorralar a hombres, mujeres, ancianos y niños desarmados.
El saldo fue devastador. Cientos de personas fueron acribilladas y enterradas en fosas comunes. Decenas de familias terminaron desplazadas y desaparecidas. Mujeres y niñas sufrieron violaciones sistemáticas antes de ser ejecutadas. Los sobrevivientes fueron capturados y sometidos a trabajo esclavo en campos de concentración levantados para quebrar la resistencia indígena.
Qué pasaba en el país en 1947
Para entender la responsabilidad institucional hay que mirar el mapa político de entonces. Argentina era gobernada por Juan Domingo Perón, en el segundo año de su primer mandato constitucional (1946-1952). Formosa no era provincia: era Territorio Nacional, bajo administración directa del Estado Federal.
La gobernación territorial estaba a cargo de Rolando de Hertelendy, designado por el Poder Ejecutivo Nacional. El operativo represivo en Paraje La Bomba y sus alrededores lo ejecutaron efectivos de la Gendarmería Nacional, una fuerza militarizada que en aquel momento dependía del Ministerio de Guerra. Las decisiones y la logística respondieron a la cadena de mandos del Estado nacional.
La Federación Pilagá y los dos frentes que siguen abiertos
Después de décadas de encubrimiento, silencio institucional e invisibilización, las comunidades originarias se organizaron en la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá. Esa articulación permitió sentar al Estado argentino en el banquillo de los acusados en un proceso judicial histórico y sin precedentes en el país.
A 79 años de los hechos, la pelea por el juzgamiento integral de los crímenes y la reparación colectiva se libra en dos frentes decisivos:
Vía civil (CSJN): la causa por la reparación histórica integral espera sentencia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La querella comunitaria exige que el fallo respete los tratados internacionales de derechos humanos y rechace dictámenes restrictivos.
Vía penal (Casación): después de que la justicia federal provincial intentara dar por cerrada la investigación criminal, la representación legal de la Federación apeló ante la Cámara Federal de Casación Penal. El recurso busca frenar la impunidad y lograr un Juicio por la Verdad.
El paso del tiempo no diluye la responsabilidad del Estado ni atenúa la gravedad de los crímenes cometidos en el norte argentino. A 79 años de las ejecuciones en Paraje La Bomba, el Pueblo Pilagá sostiene sus pilares de lucha: memoria, verdad y reparación histórica.
15 El 1er. descubrimiento fue el 28/12/2005 en el polígono de tiro de Gendarmería Nacional Argentina en Rincón Bomba y el 2do. el 19/05/2006 en el Paraje La Felicidad, jurisdicción de la localidad de Pozo del Tigre (todos en Provincia de Formosa)
— Señorita Cluney (@FelicindaCluney) September 4, 2018
