La mataron a palazos en su casa de Pocito y el ADN señaló a un adolescente que vivía en el fondo
La hallaron muerta dentro de su casa de Pocito, con signos de abuso y golpes de pala. La familia que vivía en el fondo quedó bajo la lupa, pero una prueba clave cambió el rumbo de la causa y todavía define quién paga la condena.
El cuerpo de Elsa Sánchez apareció dentro de su vivienda de la manzana A del Lote Hogar 35, en Pocito, la tarde del 28 de julio de 2011. Llevaba días sin vida. Estaba semidesnuda, con la ropa retirada de la cintura hacia abajo, y presentaba heridas contundentes en el cráneo, el rostro y el tórax. En el pasillo que conducía al dormitorio, los investigadores encontraron una pala con manchas de sangre.
Los efectivos que ingresaron esa tarde comunicaron por radio que estaban ante un asesinato. La autopsia confirmó un traumatismo craneoencefálico con lesiones en el tórax y hemorragias. También detectó signos compatibles con un ataque sexual y dispuso la conservación de muestras para análisis de ADN.
Una mujer que se aislaba
Elsa padecía bipolaridad y esquizofrenia. Su estado se deterioraba con el paso del tiempo y los arranques la habían distanciado de sus propios hijos. Vivía sola desde hacía unos dos meses. A comienzos del invierno de 2011, de un día para otro, dejó de ser vista por el barrio.
En el fondo de la propiedad vivía una familia inquilina, los Espejo Navea, en ranchos precarios. La relación con la dueña no era buena. Esa convivencia tensa se convirtió en el primer foco de la investigación.
Los primeros sospechosos y la escena del crimen
La consigna que circuló entre los pesquisas que llegaron al lugar fue contundente: «Acá todos son sospechosos». Participaron el entonces jefe de Policía, el comisario general retirado Miguel González, y el juez José Atenágoras Vega, junto a Gladys Capdevila, secretaria del Cuarto Juzgado de Instrucción.
Carlos Navea fue quien dio aviso a la Policía del hallazgo. Declaró que había entrado a la casa porque hacía días que no veía a Sánchez y necesitaba que restableciera la energía eléctrica en la parte trasera del lote. La llave del tablero de luz estaba dentro de la vivienda de la mujer. Según su versión, al ingresar se topó con el cadáver.
Los investigadores se preguntaban cómo los ocupantes de los ranchos, a pocos metros, no habían escuchado ni visto nada. Esa misma tarde-noche, el juez Vega ordenó la detención de Ricardo Ernesto Tejada, su pareja Julia Tomasa Tapia y Carlos Navea. Cuando los trasladaban, vecinos y familiares de Elsa los insultaron, los agredieron e intentaron lincharlos. Los efectivos tuvieron que protegerlos.
Robo o encubrimiento: las dos hipótesis
La investigación manejó dos líneas. Una hablaba de un posible robo, con menciones a unos 250 pesos y al supuesto cobro de una herencia de 9.000 pesos, dato que luego se descartó. La otra sostenía que Elsa había sido abusada sexualmente y después asesinada para que no pudiera denunciar al agresor.
La reconstrucción inicial ubicaba a la mujer sorprendida en su dormitorio, violentada y luego golpeada con la pala. La hipótesis del homicidio para asegurar la impunidad del abuso fue tomando fuerza.
El giro que dio el ADN
Las miradas se desplazaron hacia otro integrante de la familia inquilina: Juan Ignacio Navea, de 17 años, hijo de Tapia y hermano de Carlos. Hasta ese momento no estaba detenido ni aparecía como sospechoso principal. Las crónicas de la época lo describían como un joven con problemas de adicción a las drogas y mala reputación en el barrio. Esos antecedentes llamaron la atención de los pesquisas, aunque por sí solos no probaban nada. Con el correr de los días también quedó detenido.
El resultado de los estudios genéticos fue determinante. El perfil obtenido de las muestras del cuerpo de Elsa coincidió con el de Juan Ignacio Navea. Esa prueba lo vinculó de manera directa con el ataque sexual y lo colocó en el centro de la causa. Las sospechas sobre Carlos Navea y Ricardo Tejada perdieron peso, aunque la responsabilidad de cada uno debía definirse en el juicio.
El juicio y la sentencia
La causa llegó a la Sala I de la Cámara en lo Penal y Correccional. El fiscal de Cámara Gustavo Enrique Manini sostuvo que tres hombres habían ingresado a la casa de Elsa en la noche del 23 de julio de 2011 y que el entorno familiar había participado del abuso y del homicidio. Las defensas cuestionaron esa reconstrucción y señalaron que no se habían investigado otras líneas. El defensor del adolescente llegó a plantear que la relación sexual pudo haber sido consentida.
El 4 de diciembre de 2013, los jueces Raúl José Iglesias, Juan Carlos Caballero Vidal y Silvia Peña Sansó de Ruiz dieron a conocer el fallo. La Cámara concluyó que Juan Ignacio Navea fue el autor del abuso sexual con acceso carnal y del homicidio de Elsa Sánchez. La sentencia reconstruyó dos momentos: primero el ataque sexual dentro de la vivienda, después el forcejeo y la agresión con la pala. Para el tribunal, el adolescente mató a la dueña de la propiedad para procurar la impunidad del abuso, porque la conocía y sabía que podía identificarlo y denunciarlo.
El criterio fue distinto para los otros dos acusados. Los camaristas consideraron que no estaba probado que otras personas hubieran participado del abuso ni que existiera un acuerdo previo entre varios atacantes. Tampoco dieron por acreditado el ensañamiento. Por eso Ricardo Ernesto Tejada y Carlos Ramón Navea fueron absueltos por el beneficio de la duda. La familia de Sánchez, que reclamaba condenas duras para los tres, expresó su indignación.
Qué pasó con la pena
Como tenía 17 años al momento del crimen, el tribunal declaró a Juan Ignacio Navea penalmente responsable y remitió las actuaciones al Juzgado de Menores para que se fijara la sanción. Tiempo después, otro magistrado le impuso 15 años de prisión bajo el régimen penal juvenil y lo envió al Servicio Penitenciario Provincial.
Cumplió gran parte de su castigo en el penal de Chimbas. Según fuentes oficiales, la condena vencería en mayo de 2027. Hoy goza de libertad condicional, fuera de prisión y sujeto a las condiciones de ese régimen.
Fuentes: sentencia de la Sala I de la Cámara en lo Penal y Correccional, artículos periodísticos de Tiempo de San Juan y Diario de Cuyo, Servicio Penitenciario Provincial y hemeroteca de la Biblioteca Franklin.