La Merced: la Corte frenó el juicio político a Wayar y el municipio entró en un limbo institucional

La Corte de Justicia de Salta suspendió la aplicación de la Ordenanza 11/2026, la norma que reglamentaba el procedimiento de juicio político contra el intendente Javier Rafael Wayar. La decisión fue adoptada el 6 de octubre y llega en medio de una crisis institucional que se profundizó tras la muerte de un nene de cinco años, atropellado por una camioneta del jefe comunal.

El fallo del máximo tribunal provincial no declara inconstitucional la ordenanza ni resuelve si Wayar debe ser destituido. Solo frena su aplicación mientras se analiza el planteo de fondo, según informó El Tribuno.

Denuncias admitidas y un proceso que quedó en pausa

El conflicto venía escalando desde el Concejo Deliberante, donde en julio se admitieron denuncias contra el intendente por presunto mal desempeño. Con la cautelar vigente, los concejales no pueden usar la Ordenanza 11/2026 para avanzar con el mecanismo que esa norma establecía.

La medida no significa que las denuncias hayan sido rechazadas ni que Wayar haya quedado eximido de responsabilidades. Tampoco toca la investigación penal por la muerte del nene, que es un expediente aparte.

El atropello que conmocionó a La Merced

El 5 de abril de 2026, un nene de cinco años —identificado con las iniciales T. S. A.— fue atropellado por una camioneta Ford Ranger perteneciente al intendente. El vehículo era conducido por Miguel Plaza, quien había trabajado como chofer del jefe comunal.

El pequeño fue asistido y trasladado al Hospital Público Materno Infantil de Salta, donde falleció. La noticia provocó una enorme tristeza entre familiares, vecinos y allegados.

En los días posteriores, distintos sectores de La Merced salieron a reclamar justicia y pidieron explicaciones por las circunstancias en las que se utilizaba la camioneta municipal. Los reclamos también incluyeron pedidos de renuncia al intendente, en medio de un clima de tensión que se extendió al ámbito político.

Wayar sostuvo que el vehículo había sido utilizado sin su autorización y rechazó dejar el cargo.

Qué pasó con el conductor de la camioneta

La investigación penal avanzó sobre la responsabilidad de Miguel Plaza. El conductor fue imputado por homicidio culposo y el 5 de mayo la Justicia dispuso su prisión preventiva. La prisión preventiva no representa una condena y la responsabilidad penal deberá establecerse en el proceso judicial correspondiente.

Durante la investigación surgió un dato relevante: de acuerdo con la documentación reunida, Plaza había dejado de prestar servicios municipales en febrero de 2026. Ese antecedente pasó a formar parte de las cuestiones que debían esclarecerse para determinar en qué circunstancias conducía la camioneta al momento del atropello.

Por qué la Corte suspendió la ordenanza

Wayar presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ordenanza 11/2026, aprobada por el Concejo Deliberante el 31 de marzo y publicada el 29 de mayo. El intendente cuestionó distintos aspectos del procedimiento establecido para investigar, acusar y eventualmente destituir a funcionarios municipales.

Entre sus objeciones mencionó la creación de una Comisión Investigadora integrada por dos concejales, la falta de plazos concretos para determinadas actuaciones y posibles afectaciones a su derecho de defensa. También planteó cuestionamientos sobre la separación entre quienes investigan, acusan y deben decidir una eventual destitución.

Al analizar el pedido cautelar, la Corte consideró que algunas disposiciones de la ordenanza podrían contradecir las bases del juicio político municipal previstas en la Constitución de Salta. Por ese motivo, ordenó suspender su aplicación hasta que exista una resolución sobre la cuestión de fondo.

Cabe aclarar que la ordenanza había sido sancionada antes del atropello fatal del nene. No fue creada como consecuencia de esa tragedia, aunque después quedó involucrada en el conflicto institucional.

Qué pasa ahora con el juicio político

La decisión judicial deja un escenario de incertidumbre sobre la continuidad del procedimiento impulsado en el Concejo Deliberante. Mientras la cautelar permanezca vigente, los concejales no podrán utilizar la Ordenanza 11/2026 para avanzar con el mecanismo que esa norma establecía.

Además, Wayar enfrenta otra causa judicial por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado, relacionada con hechos anteriores y sin vinculación directa con el atropello.