La merienda de los chicos: lo que la Fiscalía encontró en las facturas de una escuela de Chubut
La merienda de los chicos de Corcovado tenía partidas provinciales aseguradas. Lo que la Fiscalía dice haber encontrado en las facturas y en el Libro Banco de la escuela es otra cosa: 31 hechos y un juicio oral en camino.
Un director de una escuela de Corcovado y un empleado municipal fueron acusados por la Fiscalía de integrar un esquema para desviar fondos públicos que debían financiar la alimentación de los alumnos. La acusación abarca 31 hechos ocurridos entre mayo de 2023 y septiembre de 2024, y ambos deberán sentarse en el banquillo de un juicio oral.
La investigación la llevan adelante la fiscal general María Bottini y el funcionario de Fiscalía Julián Forti. Según su hipótesis, los imputados retiraban de manera reiterada partidas presupuestarias provinciales que estaban destinadas a la merienda de los estudiantes.
El caso se destrabó a partir de una denuncia formal que presentó el 21 de noviembre de 2024 la delegada administrativa del Ministerio de Educación en la Región III.
Cómo habría funcionado la maniobra
De acuerdo con la acusación, el mecanismo incluía facturas sin respaldo real, cheques cobrados por ventanilla y registros contables que no reflejaban el destino efectivo del dinero.
La Fiscalía sostiene que el particular involucrado estaba inscripto ante ARCA como prestador de servicios y no como vendedor de alimentos. A eso suma un dato clave: por ser empleado municipal, no podía ser proveedor del Estado.
La investigación también apunta a que algunos comprobantes tenían fechas posteriores al momento en que el dinero ya había sido retirado. Y señala que el director del establecimiento habría ido personalmente a la sucursal del Banco del Chubut en Corcovado para cobrar los cheques por ventanilla, en lugar de que se transfirieran o se entregaran a los proveedores.
Los registros y las compras bajo la lupa
Otro eje de la acusación es el Libro Banco de la institución. Según la Fiscalía, allí se asentaron pagos que figuraban como destinados a comercios o proveedores de la zona, aunque el dinero se habría cobrado por otra vía.
Entre los asientos cuestionados aparece uno que consigna una supuesta compra realizada al propio Ministerio de Educación.
Los investigadores revisaron además los productos que figuraban en las facturas. La acusación afirma que los alimentos declarados no ingresaron a la escuela y que algunas compras no tenían relación con el menú del refrigerio. Entre los ejemplos mencionados aparecen facturaciones de “tapas de empanadas” y “20 kilos de pollo”.
Quién juzgará el caso
Como uno de los imputados es funcionario público, el debate deberá realizarse ante un tribunal mixto. La fecha del juicio y la composición del tribunal se definirán próximamente.
Para el Ministerio Público Fiscal, los elementos reunidos permiten atribuirle al director la presunta autoría de las maniobras y al segundo imputado una participación necesaria. La acusación también plantea que el esquema habría provocado un perjuicio sobre las partidas provinciales para la alimentación de los estudiantes e irregularidades en la documentación y en los mecanismos de rendición de cuentas.
Ambos llegarán al debate en calidad de imputados. Las responsabilidades que les atribuye la Fiscalía deberán analizarse durante el juicio oral.