La meseta de Somuncurá mandará agua a un laboratorio de élite: qué buscarán adentro

La Fundación Somuncurá quiere saber si las especies más amenazadas de la meseta están recuperando su hábitat, y para eso apelará a una técnica poco conocida: el ADN ambiental. El método consiste en tomar agua de los arroyos rionegrinos y filtrarla para capturar rastros genéticos de los animales que viven allí. Las muestras colectadas viajarán al Reino Unido para ser analizadas en un laboratorio especializado.

El proyecto abarcará varios cursos de agua de la región, entre ellos el arroyo Valcheta. La iniciativa quedó formalizada en el Boletín Oficial provincial tras la aprobación del Acuerdo de Transferencia de Recursos Genéticos entre la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, representada por Judith Jiménez, y Federico Kacoliris, investigador del Conicet y la UNLP a cargo del proyecto «Conservación de Especies Amenazadas en la Meseta de Somuncurá: Implicación en el Manejo del Área y su Integración con la Comunidad Local».

El decreto autoriza el acceso a 31 muestras de agua obtenidas en los arroyos Valcheta, Paja Alta y Salado, destinadas al análisis de ADN ambiental en el laboratorio NatureMetrics Ltd., ubicado en Guildford (Reino Unido), con fines exclusivamente científicos.

«Lo que buscamos es que algunas especies amplíen su rango de distribución hacia lugares donde históricamente estaban y que desaparecieron por el efecto de amenazas», explicó Kacoliris. Al remover esas amenazas, el objetivo es que las especies vuelvan a esos hábitats.

Cómo se detecta una especie en una muestra de agua

Se trata de especies difíciles de ver a simple vista, por eso la fundación recurre al ADN ambiental. «Todos quienes están en el arroyo van dejando pedacitos de tejido, micro pedazos, con contenidos de ADN, entonces vos filtrás agua y esa agua la llevás a un laboratorio, que busca específicamente el ADN de la especie que estás buscando, o del grupo de especies», detalló.

Para el investigador, el resultado sería una prueba concreta del trabajo realizado. «Es una forma de demostrar que las acciones de conservación que estamos llevando adelante están teniendo un impacto positivo», sostuvo.

Cuatro especies en riesgo y dos invasoras

Según detalló Kacoliris, en el arroyo hay cuatro especies de gran relevancia internacional, consideradas críticamente amenazadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), lo que implica un riesgo de extinción muy alto. Son la ranita del Valcheta, la mojarra desnuda y dos caracoles de agua dulce que viven únicamente en las cabeceras del arroyo.

La mojarra desnuda fue además declarada Monumento Natural de la provincia, y la ranita, según explicó, figura entre las diez especies más prioritarias a nivel internacional para conservar, de acuerdo con un índice que desarrolla la Sociedad Zoológica de Londres. Los caracoles, agregó, «históricamente han tenido poca prensa».

Del otro lado están las especies exóticas, que no pertenecen al lugar y hoy se reproducen en el arroyo con impacto sobre la fauna nativa. La principal es la trucha arcoíris, muy difundida en la Patagonia pero que, recordó, no es nativa sino que fue traída del norte. «Es una especie muy agresiva, es un predador tope de ecosistemas acuáticos», describió, y señaló que se alimenta de especies nativas y endémicas, lo que genera problemas de conservación.

La otra es un pez pequeño, la mojarra plateada, que se usa mucho como carnada, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Kacoliris planteó que probablemente algún pescador de truchas la haya soltado en el arroyo con las que le sobraron, y que hoy constituye una invasión que afecta a la mojarra desnuda.

Por qué las muestras viajan al Reino Unido

El análisis podría hacerse en el país, pero el investigador explicó que todo lo que implica secuenciación o trabajo con ADN son técnicas costosas. En este caso, la fundación accedió a un subsidio internacional que cubre el proceso completo, desde el muestreo a campo y el envío hasta el análisis, y los responsables en Reino Unido ya se ofrecían a procesar las muestras.

«Si bien se pueden hacer acá, en este caso en particular, por una cuestión de costos, nos resultaba más simple hacer este envío y que lo analicen allá», dijo, y aclaró que es algo habitual en los estudios de ADN.

Y agregó: «Tenemos un gobierno nacional que está no solo en contra de la investigación sino también de la conservación de la naturaleza». Sostuvo que eso dificulta una producción científica valiosa, porque no hay acceso a financiamiento y los salarios valen cada vez menos.

Frente a eso, dijo, los investigadores buscan alternativas, como el financiamiento internacional que permitió llevar adelante este estudio, con aplicación directa en la conservación de la biodiversidad. «Tenemos los argentinos esa capacidad de resiliencia que se expresa mucho en ciencia», concluyó.

Sobre los derechos, Kacoliris fue categórico. «Esto no implica una cesión de derechos sobre los resultados, los resultados son nuestros», afirmó.

El envío se enmarca en el Protocolo de Nagoya, que protege los recursos genéticos para que, por ejemplo, una empresa farmacéutica no pueda quedarse con los derechos de uso del ADN de un recurso de importancia comercial, un ejemplo que el investigador calificó de «muy extremo».

En este caso, subrayó, el fin es de conservación y, en segundo plano, científico, por lo que dijo que no hay riesgos asociados. También recordó que, a nivel internacional, los resultados de ADN suelen quedar guardados en repositorios públicos.

Qué dice el acuerdo y qué falta para el envío

El texto del acuerdo precisa algunos límites. Establece que no hay transferencia de la titularidad ni del dominio sobre las muestras ni sobre los recursos genéticos de los que forman parte, que seguirán sujetos a la Ley Q 2.600 y su normativa, y que los resultados científicos se regirán por las normas de propiedad intelectual, sin perjuicio de los derechos que pudieran corresponder a la Provincia.

Además, obliga a Kacoliris a comunicar de inmediato a la Secretaría cualquier circunstancia que pudiera derivar en un aprovechamiento comercial, que requeriría autorización previa, y a pedir permiso expreso antes de dar acceso al material o a la información asociada a terceros.

El trámite exige además autorizaciones de la Provincia y de la Nación, y fue lo que más demoró el proyecto. Kacoliris contó que recientemente obtuvieron el permiso provincial y que ahora se tramita el permiso de exportación, la última parte administrativa, que según explicó debe otorgar la Dirección de Fauna de Nación porque las muestras salen del país.

El acuerdo, por su parte, exige que antes del traslado obtenga el Certificado de Cumplimiento Reconocido Internacionalmente ante la autoridad nacional competente, además de los demás permisos que correspondan. Una vez que las muestras lleguen a Reino Unido, estimó, el análisis y los resultados demorarían algunos meses más.

Las muestras viajarían conservadas en un líquido llamado buffer, que protege los filtros de agua y permite mantenerlos en frío común, en un freezer o una heladera, hasta el envío. Ese líquido evita que el ADN se altere durante un viaje de unos días, algo más simple que otros casos, donde el material requiere nitrógeno líquido o hielo seco.

Qué se hará con los resultados

Los datos servirán, ante todo, para certificar si funcionan las acciones de manejo y conservación que la fundación lleva adelante junto con la Secretaría de Ambiente de Río Negro. «En base a eso, reforzamos lo que estamos haciendo o empezamos a acomodarlo para que tenga un impacto todavía más positivo», explicó.

La información, agregó, se publicaría después en revistas científicas, para que quede disponible y pueda ser comparada y utilizada por otros investigadores o conservacionistas que trabajen en líneas similares.

Según el acuerdo, el investigador deberá informar a la Secretaría los avances y resultados, enviarle copia de toda publicación o presentación que los incluya y mencionar en ellas que el material integra el patrimonio y los recursos genéticos de la Provincia.

Una vez terminados los análisis, las muestras y sus derivados deberán utilizarse en su totalidad o destruirse, y la destrucción tendrá que acreditarse ante la Secretaría.

Los pobladores, «guardianes de la tierra»

El proyecto, aprobado por la Provincia en 2023, es más amplio que las especies. Kacoliris explicó que algunas funcionan como «especies paraguas» o embajadoras, símbolos de un proceso que abarca también los hábitats y la región, y que para que todo eso se dé en armonía hace falta que los pobladores locales se sumen. «A la larga ellos son los guardianes de la tierra», sostuvo.

Para lograrlo, la fundación trabaja en alternativas de desarrollo sustentable que mejoren su calidad de vida sin afectar a las especies ni al ambiente. Una línea es un programa de perros guardianes de ganado, que evitan que el puma se coma las ovejas, de modo que los productores no necesiten cazarlo y su producción prospere.

Otra es el turismo de naturaleza, que apunta a que los pobladores tengan mayores ganancias anuales a partir de un hábitat bien conservado. «Estamos hablando de un ideal, es un proceso a muy largo plazo», reconoció.

Más de una década preservando una meseta única

La Fundación Somuncurá comenzó a gestarse en 2012 como un equipo de trabajo científico articulado entre el Conicet, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Río Negro. Tras completar sus trámites legales, la organización se formalizó jurídicamente entre 2020 y 2021.

Conformada por biólogos, investigadores y fotógrafos ambientalistas, la fundación enfoca su labor en la meseta de Somuncurá. Según destaca Kacoliris, el área posee un valor científico internacional excepcional al comportarse como una «isla volcánica», un ambiente donde la flora y la fauna nativa siguieron líneas evolutivas únicas y dieron origen a especies que solo existen allí y están fuertemente amenazadas.

Ante este escenario, la organización impulsa programas de preservación a escala regional. En su página somuncura.org detallan que trabajan para la protección de 13 especies amenazadas, impulsan 20 proyectos de conservación y protegen 20 mil hectáreas de naturaleza.

A esto se suma la dimensión social, que tiene un rol importante en la estrategia de la fundación. «Además de las especies, los pobladores tienen un modo de vida muy particular e interesante que vale la pena cuidar y mantener», destaca Kacoliris sobre la relación entre la comunidad y el entorno.

En ese sentido, el biólogo enfatiza los beneficios directos que la preservación ambiental aporta a la sociedad: «Proteger estos ecosistemas nos beneficia porque brindan servicios ecosistémicos que impactan en la calidad de vida del ser humano. Por eso vale la pena conservar la biodiversidad, las especies y los hábitats, pero también los modos de vida tradicionales que supieron adaptarse a los ritmos naturales del lugar».