La mina que mira de reojo: por qué Salta se planta ante el nuevo decreto del RIGI
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La mina que mira de reojo: por qué Salta se planta ante el nuevo decreto del RIGI

Un decreto nacional cambió quién puede contar como proveedor local en el RIGI y en Salta ya se escuchan reclamos. La advertencia de los proveedores mineros y la frase del Gobierno provincial que dejó marcada la cancha.

Una filial argentina de una multinacional, aun cuando su capital sea cien por ciento extranjero, ahora puede ser contabilizada como proveedor local dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El Decreto 1366/2026, publicado a principios de esta semana en el Boletín Oficial, borró la exigencia de que al menos el 51% del capital o de los votos estuviera en manos de personas o sociedades con domicilio fiscal en el país. Con la nueva letra, basta con que la empresa esté constituida y domiciliada en Argentina.

La modificación encendió las alarmas entre las cámaras de proveedores mineros de varias provincias, y Salta no quedó al margen. La Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa) manifestó su preocupación mediante un comunicado en el que aclaró que respalda las políticas que impulsan inversiones y nuevos proyectos, pero reclamó que esas inversiones se traduzcan en oportunidades concretas para las empresas proveedoras, los trabajadores y las economías de las provincias donde están los recursos.

Competencia despareja

Para la entidad salteña, la nueva disposición permite que firmas de capital extranjero sean consideradas locales por el solo hecho de constituirse y domiciliarse en el país, lo que puede generar "condiciones de competencia desfavorables" para quienes llevan años invirtiendo, generando empleo y desarrollando capacidades productivas.

Capemisa también subrayó que los beneficios fiscales, aduaneros y de estabilidad que otorga el RIGI no alteran las atribuciones provinciales en materia de evaluación ambiental ni dejan sin efecto las leyes provinciales de contratación local, orientadas a promover el empleo y dinamizar las economías regionales. Y ratificó su compromiso con el compre local y con una participación efectiva de los proveedores salteños.

La postura del Gobierno provincial

El secretario de Minería de Salta, Gustavo Carrizo, dijo a Radio Salta que comparte la inquietud planteada por Capemisa y por los proveedores de Catamarca y San Juan, "porque esto nos atraviesa a todos". Recordó que las empresas locales vienen invirtiendo, capacitándose e incorporando tecnología para participar de los grandes proyectos, y que ahora necesitan una oportunidad concreta.

"Bienvenida la inversión, pero las reglas las ponemos nosotros", afirmó el funcionario, y agregó que el RIGI no puede ser solamente una herramienta para atraer capitales sino también un instrumento de desarrollo. Según Carrizo, el Estado provincial acompaña las inversiones, pero la conducción de la política activa de desarrollo de proveedores, de formación y de empleo local "la diseñamos nosotros".

Qué se modificó y qué no

El decreto no toca el piso que fija el régimen: los proyectos deben destinar al menos el 20% del monto de bienes y obras a proveedores locales, siempre que exista oferta en condiciones de precio y calidad de mercado. Lo que cambió es quiénes pueden ser contabilizados dentro de ese porcentaje.

Tampoco convierte en nacional cualquier producto importado, ya que los bienes deben cumplir las reglas de origen del Acuerdo de Complementación Económica N° 18 del Mercosur. La metodología para verificar ese origen quedó en manos de la Autoridad de Aplicación, y ahí se concentra buena parte de la inquietud.

Críticas desde la federación nacional

El presidente de la Federación Argentina de Proveedores Mineros, Manuel Gómez Bello, afirmó que cuesta entender la medida después de las convocatorias para federalizar la cadena de valor lanzadas por el propio Ejecutivo. Advirtió que las mineras que trabajan con proveedores internacionales podrán ahora traerlos al país para concretar las grandes obras, justamente las que podrían haber sido adjudicadas a empresas nacionales. Y aclaró que la definición de proveedor local para otros fines la fija cada provincia, por lo que las mineras deben cumplir también la normativa de cada jurisdicción.

El malestar industrial y el timing

En el sector industrial el descontento apunta al momento elegido. Un empresario de uno de los principales grupos del país, que pidió reserva de identidad, señaló la incoherencia con lo planteado en las Rondas RIGI de Rosario, donde gobernadores y entidades empresarias reclamaron una agenda industrial federal. La advertencia llega a pocos días de la Ronda de Negocios RIGI del 2 de diciembre en el Hipódromo de San Isidro. Su temor es que un equipo fabricado en Asia y ensamblado en el país compute como compra local si el control de origen es débil.

Otro dirigente empresario, que representa a cientos de compañías locales, puso el foco en las obras llave en mano, como los campamentos mineros construidos por consorcios de capitales chinos con estructuras fabricadas en el exterior. A su juicio, la nueva definición podría permitir que esas obras computen como contratación local, y advirtió que el costo político para el régimen es alto, con el riesgo de que se instale la idea de que "el RIGI no deja nada".

Otra mirada

No todas las lecturas son iguales. La Unión Industrial Argentina (UIA) coincide en que se amplía el universo de proveedores, pero remarca que el requisito de origen nacional de los bienes sigue vigente. También señala una debilidad de fondo: el incumplimiento de los compromisos de contratación local no está tipificado como infracción autónoma, por lo que será clave definir cómo se controlará y qué consecuencias tendrá.

San Juan también salió a precisar el alcance. Su ministro de Minería, Juan Pablo Perea, explicó que el decreto solo ajusta quién cuenta como proveedor argentino dentro del cupo nacional del 20%, y que la ley provincial de Desarrollo Local Minero sigue vigente, con metas de 80% de empleo sanjuanino y 60% de compras a proveedores locales.

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