La mina ya no la maneja Buenos Aires: el poder que Catamarca nunca tuvo

El auge de las inversiones mineras, impulsado por el RIGI, encontró a las provincias en un lugar inédito: por primera vez concentran todo el poder de decisión sobre sus recursos, sin las interferencias de la Casa Rosada que fueron moneda corriente desde que la megaminería desembarcó en el país con Bajo La Alumbrera.

La creación de las mesas del Litio y del Cobre es una consecuencia directa de ese empoderamiento. También lo son los cambios en la Ley de Glaciares, que ahora faculta a los gobiernos provinciales a definir las áreas periglaciares donde no se pueden desarrollar actividades mineras ni productivas.

En Catamarca hay un dato adicional: la Provincia se quedó con la mayoría del directorio de YMAD tras la salida de la Nación del esquema empresario. El control sobre el gerenciamiento cambió de manos.

El nuevo reparto del poder

La intervención de la administración nacional en el circuito de las inversiones se limita a autorizar que los proyectos se acojan al RIGI. No es poco, pero de ahí en más el vínculo de los grandes emporios es con los gobiernos provinciales.

Se trata de un cambio estructural de fondo, que conviene tener presente a la hora de leer los posicionamientos de los oficialismos provinciales frente a la gestión libertaria y las tensiones que esas decisiones generan con la dirigencia del área metropolitana, acostumbrada a tratar al interior como instrumento de sus intereses y como insumo siempre disponible para satisfacer sus apetencias.

La minería no fue la excepción y Catamarca es un ejemplo clarísimo. Uno de los ingredientes que marcó la década del ’90 fue el peso que tuvo la administración de Carlos Menem en la política minera, un coto al que la Provincia tuvo acceso restringido hasta que el riojano dejó la Casa Rosada.

El negocio del litio que dejó a la Provincia sin un peso

Un indicio de la importancia que el peronismo provincial le asignaba al tema se conoció a fines de 2024, en el marco de la multimillonaria transacción por la que Rio Tinto adquirió Arcadium, de la que Livent tenía el 44%. Entre los activos que compró Rio Tinto estuvo el yacimiento de litio pionero en el Salar del Hombre Muerto.

La Provincia no olió un peso de esa operación porque se habían modificado las condiciones del contrato original, que impedía a los privados ceder los derechos adquiridos sin autorización expresa del Estado provincial. Esa cláusula se había establecido en el convenio aprobado por la Legislatura en marzo de 1991, en vísperas de la Intervención Federal al gobierno de Ramón Saadi. El impedimento se anuló en 2017.

Con la fiebre del litio como telón de fondo, el kirchnerismo presentó proyectos en el Congreso para nacionalizar el recurso. No prosperaron.

Repasar estos antecedentes sirve para advertir el interés que siempre tuvo el poder nacional por controlar la gestión de los recursos mineros, más allá de que la Constitución del ’94 estableció que su propiedad originaria es de las provincias. La autonomía minera es la última estribación de un camino largo que arrancó con la ley nacional de Inversiones Mineras en 1993.

Oportunidades, desafíos y un riesgo concreto

El diseño que se afianza trae tantas oportunidades y desafíos como riesgos. Un ejemplo de las proyecciones más nocivas ocurrió con el proyecto Vicuña, en la cordillera de San Juan. Apalancado en las facilidades para importar que ofrece el RIGI, el gigante a cargo del emprendimiento compró todo su campamento prefabricado a una firma china, cuya oferta resultó imposible de mejorar para competidores nacionales sin ninguna ventaja.

Episodios como el sanjuanino no tienen por qué asumirse como consecuencias indefectibles del nuevo modelo. Pero sí marcan la necesidad de articular políticas provinciales y regionales para conjurarlos o neutralizar los perjuicios que provocan a la industria y la producción.

Y queda el desafío más importante, todavía pendiente: que las riquezas mineras no se reduzcan a las exiguas regalías que pagan los emprendimientos, sino que se traduzcan en calidad de vida, trabajo e ingresos para la sociedad.