La moratoria de luz que llega después de un invierno que ahogó a miles de sanjuaninos

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) amplió los planes de pago para las boletas de luz, una medida que busca evitar que las facturas de invierno se conviertan en una carga imposible para los hogares de San Juan.

La resolución 965/26 habilita a los usuarios residenciales que hayan acumulado entre dos y cuatro facturas impagas a regularizar la deuda en hasta cuatro cuotas, con una bonificación del 50% sobre la tasa de financiación y sin intereses punitorios por la mora. En las zonas alejadas que no cuentan con gas natural, el plazo podrá extenderse hasta seis cuotas.

¿Quiénes pueden acceder?

La principal virtud de la medida es su alcance. No se limita a los sectores incorporados a la Tarifa Social Provincial, sino que comprende a todos los suministros residenciales de pequeñas demandas, cualquiera sea su situación dentro del esquema nacional de subsidios energéticos. De esta manera, se reconoce que el problema generado por las elevadas facturas invernales excedió ampliamente a los hogares de menores ingresos.

El alivio llega después de un invierno particularmente complicado. El frío intenso elevó el consumo, mientras la reducción de subsidios nacionales y los mayores costos de generación y transporte impactaron sobre las facturas. El efecto, además, fue desigual: en los departamentos alejados y en las zonas sin gas natural, donde la electricidad es prácticamente la única alternativa para calefaccionarse, el golpe resultó mucho más severo. Los reclamos registrados en Jáchal durante agosto fueron una expresión concreta de ese malestar.

Antecedentes y alcance de la medida

El EPRE ya había adoptado medidas preventivas, como postergar la actualización de costos provinciales y mantener planes de hasta 12 cuotas a tasa cero para los beneficiarios de la Tarifa Social Provincial. Ahora, mediante el Fondo de Contención Tarifaria creado por la ley 739-A, se procura alcanzar a un universo mucho más amplio.

Es una decisión que merece valoración, porque facilita el cumplimiento sin castigar todavía más al usuario moroso. Pero no debe confundirse alivio financiero con solución estructural. Fraccionar una deuda permite ganar tiempo; no reduce necesariamente el costo real del servicio.

La cuestión de fondo sigue siendo cómo construir un sistema eléctrico que sea sostenible para las empresas, razonable para el Estado y, fundamentalmente, pagable para los usuarios. Si cada invierno obliga a miles de familias a endeudarse para poder calefaccionarse, el problema ya no es solamente tarifario: es social. Y exige respuestas que vayan mucho más allá de una moratoria.