La morosidad en Argentina alcanza un récord histórico: el crédito se convierte en un acto de fe

La morosidad en Argentina alcanzó su nivel más alto en dos décadas. **Casi 7 millones de personas quedaron excluidas del sistema crediticio** y las familias ya no planifican con el crédito: lo administran con cautela.

Un empleado asalariado de 30 años entra al supermercado y, antes de elegir qué llevar, hace un cálculo simple: si paga en efectivo, el mes no cierra; si pasa la tarjeta, el problema se posterga unas semanas. No es una situación excepcional, sino la repetición mensual de una cuenta que no cierra. La tarjeta, que alguna vez sirvió para financiar un viaje o un electrodoméstico, pasó a cubrir la compra de la semana.

A pocas cuadras, el dueño de una pyme metalúrgica enfrenta un dilema distinto pero emparentado. Durante años, acumular stock funcionó como resguardo frente a la inflación: la mercadería guardada valía cada mes más que el dinero depositado en el banco. Cuando la suba de precios empezó a desacelerarse, esa lógica se invirtió. El stock dejó de revalorizarse y el empresario debió elegir entre liquidar con pérdida o tomar un crédito para sostener el capital de trabajo mientras la demanda se acomoda a los nuevos precios.

¿Qué dicen los números?

La morosidad crediticia argentina atraviesa uno de sus peores momentos en dos décadas. Según datos de la consultora 1816, elaborados a partir de la Central de Deudores del BCRA, la mora de las familias pasó de 12,1% en abril a 12,7% en mayo de 2026, una tendencia que acumula 19 meses consecutivos de crecimiento y deja a casi 7 millones de personas excluidas del acceso al crédito.

El deterioro tiene, además, un correlato histórico que los propios analistas subrayan. La tasa de mora se multiplicó por más de cinco en menos de dos años: en octubre de 2024 la irregularidad era de 2,5%, mientras que en mayo de 2026 superó el 12%, un salto sin antecedentes en el sistema financiero argentino desde la crisis de la convertibilidad. En los segmentos no bancarios, que concentran buena parte del financiamiento a hogares de menores ingresos, la morosidad llegó en mayo al 32,2%, cuando un año y medio atrás era inferior al 10%.

El fenómeno golpea de manera desigual según la edad: casi el 40% de los menores de 35 años con créditos vigentes registra al menos un préstamo irregular, y entre los de 18 a 25 años ese nivel trepa a 42,8 por ciento.

El vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, sostuvo en junio que la morosidad bancaria tocó su pico en el segundo trimestre de 2026 y que el nuevo ciclo de financiamiento será más selectivo. El informe de 1816, en cambio, conserva cautela: señala que más del 27% de quienes tomaron préstamos dejaron de ser sujetos de crédito por estar en mora.

El fenómeno no puede leerse únicamente desde la coyuntura. Un informe de Deloitte Econosignal ubicó al sistema financiero argentino en el escalón más bajo de la región en crédito hipotecario, que equivale apenas al 1% del PBI, y atribuyó la situación a la inestabilidad macroeconómica e institucional, que limitó durante años el financiamiento de largo plazo.

A esa brecha se suma un rezago en educación financiera. Según una encuesta bajo metodología de la OCDE, Argentina obtuvo un puntaje de 11,5, el último lugar entre los seis países de la región relevados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

La memoria de las crisis sucesivas

Distintos análisis de economía conductual sostienen que ese vínculo no puede explicarse sin la acumulación de crisis financieras sucesivas. Episodios como el Rodrigazo, el cepo, la hiperinflación de 1989 o el corralito de 2001 dejaron huellas que continúan condicionando el comportamiento financiero de la población.

El economista Nicolás Litvinoff describe en su sitio web de artículos relacionados con la economía argentina, el mecanismo de desconfianza resultante: quien perdió sus ahorros en australes o no pudo retirar su dinero durante el corralito incorporó la idea de que confiar en el sistema financiero implica una pérdida segura, una convicción transmitida socialmente que derivó en una “cultura del refugio” basada en dólares en efectivo, cajas de seguridad o inmuebles vacíos, antes que en instrumentos financieros formales.

La literatura sobre psicología de la deuda, de circulación internacional pero aplicable al caso local, describe además un circuito que se retroalimenta: la persona endeudada suele experimentar vergüenza, lo que genera evitación —dejar de revisar cuentas, ignorar reclamos— y esa evitación agrava el problema original, lo que renueva la vergüenza inicial. El fenómeno adquiere una dimensión identitaria: cuando la deuda pasa a formar parte de cómo una persona se define a sí misma, enfrentarla implica enfrentar una parte de la propia imagen.

El aumento de la morosidad no se agota en el impacto sobre el acceso al crédito: también multiplicó los reclamos por prácticas de cobranza consideradas abusivas. Según estimaciones de la consultora Analytica, la mora alcanza al 12,9% de las familias bancarizadas, de las cuales el 24,1% permanece en las categorías más graves del sistema de información crediticia —atrasos de más de 180 días o de más de un año—, un nivel que las entidades consideran de muy difícil recupero.

Cuando una deuda se vuelve irrecuperable para el acreedor original, es habitual que la cartera se venda a estudios especializados en cobranza extrajudicial, que la adquieren a una fracción de su valor nominal y asumen la gestión intensiva del cobro. Ese esquema, extendido tanto en el sector financiero como en el retail, la telefonía o la medicina prepaga, ayuda a explicar el crecimiento de denuncias por hostigamiento: llamados reiterados fuera de horario, mensajes dirigidos a familiares o compañeros de trabajo del deudor y amenazas de embargo que, en no pocos casos, no responden a un proceso judicial real.

Organismos de defensa del consumidor de distintas jurisdicciones reciben cada vez más ese tipo de reclamos, y la Justicia civil ya ordenó indemnizaciones en casos de acoso vinculados al cobro de deudas impugnadas por el propio deudor. La Ley 24.240 de Defensa del Consumidor prohíbe someter a los clientes a situaciones vergonzantes o intimidatorias, y la Ciudad de Buenos Aires cuenta, desde 2019, con normativa específica para los agentes de cobranza extrajudicial. La brecha entre esa regulación y la práctica cotidiana de buena parte de esos estudios es, para los organismos consultados, uno de los puntos más sensibles del actual ciclo de sobreendeudamiento.

La mirada desde las pymes: el costo antes que la desconfianza

Desde el universo de las pequeñas y medianas empresas, la lectura del fenómeno pone el acento en otra variable. Christian Hejeij, socio y vicepresidente de Crecer SGR (Sociedad de Garantía Recíproca, empresas que ofrece avales a las Pymes para tomar deuda en el sistema bancario), con más de 30 años de trayectoria en el sistema financiero argentino, sostiene que la decisión de una pyme de tomar deuda no difiere estructuralmente de la de una empresa en una economía más estable.

“No hay diferencias: para una pyme argentina o de cualquier país, el primer factor determinante es la existencia de la posibilidad de endeudarse, el plazo y el costo. La preferencia siempre es en moneda local, a tasa fija y a largo plazo”, explica Hejeij. Según su lectura, el factor decisivo sigue siendo el costo del financiamiento. “La inestabilidad económica no afecta el apetito: expone a los más conservadores y da oportunidades a los más agresivos a la hora de apostar sobre el rumbo económico”, agrega.

Sobre la evolución del sistema de avales, Hejeij ubica su origen en 1995, con la creación del régimen de Sociedades de Garantía Recíproca para facilitar el acceso de las pymes al crédito. Desde entonces, señala, el sistema mostró un crecimiento sostenido en tamaño e importancia, más allá de los cambios de gobierno y las crisis atravesadas, con etapas de mayor foco regulatorio en el beneficio impositivo para las grandes empresas y otras de mayor exigencia sobre el otorgamiento efectivo de avales a pymes, lo que derivó en la multiplicación de la cantidad de SGR y en un mayor desarrollo del mercado de capitales como fuente de financiamiento del sector.

El rol de la educación financiera en el segmento pyme, para Hejeij, suele discutirse poniendo el foco en los individuos, sin advertir que las empresas, en tanto agentes económicos creados y conducidos por personas, reflejan esa misma capacidad —o falta de capacidad— de análisis financiero de quienes las dirigen. Sobre el aumento de la morosidad corporativa —que según el BCRA pasó de 0,8% en febrero de 2025 a 2,9% un año después—, el especialista la atribuye en parte a empresas que no anticiparon el cambio de régimen inflacionario y se endeudaron para sostener un stock que dejó de revalorizarse, aunque estima que el indicador ya alcanzó su techo y tenderá a estabilizarse en niveles más altos que los previos a la desinflación, aunque sin la escalada de los últimos meses.

Hejeij también aporta una explicación sobre por qué el endeudamiento no constituye, en sí mismo, un problema para una empresa. Según su planteo, cuando el rendimiento de un negocio supera el costo de la tasa de interés, tomar deuda potencia la rentabilidad sobre el capital propio, a lo que se suma un beneficio fiscal, ya que los intereses pagados reducen la base imponible del impuesto a las ganancias. “Mientras el retorno del negocio sea más alto que el costo de fondeo, ese apalancamiento aumenta la ganancia del accionista con menos capital propio invertido; el problema empieza cuando esa relación se invierte y el costo de la deuda supera lo que rinde el negocio”, resume el especialista.

La mirada desde los usuarios finales: el desafío de administrar el crédito

Desde la perspectiva de los usuarios finales, en particular los más jóvenes, Pablo Salina, director de las Licenciaturas en Finanzas y Finanzas Digitales de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), aporta una lectura desde el Club de Finanzas de esa casa de estudios.

“Muchos estudiantes llegan con un gran interés por aprender sobre inversiones o mercados financieros, pero con conocimientos más limitados sobre el funcionamiento del crédito”, señala Salina. Según describe, es frecuente encontrar dudas sobre la diferencia entre una tasa nominal y una tasa efectiva, el costo financiero total o las implicancias de pagar solo el mínimo de la tarjeta. Ese desconocimiento incide en decisiones cotidianas: “La tarjeta de crédito suele percibirse como una extensión del ingreso disponible cuando, en realidad, es una herramienta de financiamiento que implica asumir un compromiso de pago futuro”, plantea.

Sobre la elevada morosidad entre los menores de 35 años, Salina describe un fenómeno multicausal. “No responde exclusivamente a la falta de educación financiera ni únicamente a una cuestión de ingresos, sino a la combinación de distintos factores”, explica. Entre ellos, menciona los ingresos más bajos o inestables propios de las primeras etapas de inserción laboral y la presencia todavía limitada de la educación financiera en la formación escolar. A eso se suma un componente cultural: “Décadas de inflación elevada, crisis económicas recurrentes y cambios en las condiciones de financiamiento influyeron en la forma en que las familias perciben el endeudamiento, y esas experiencias suelen transmitirse entre generaciones”, agrega.

Al comparar la experiencia local con la de otros países, Salina ubica la diferencia principal en el contexto económico. “En economías con mayor estabilidad macroeconómica, el financiamiento suele concebirse como una herramienta para alcanzar objetivos de largo plazo, como una vivienda, los estudios universitarios o un emprendimiento”, señala. En la Argentina, la historia de inflación elevada y los cambios frecuentes en las condiciones del mercado llevaron a asociar el endeudamiento con la incertidumbre. Como ejemplo, menciona los créditos hipotecarios UVA, que instalaron en gran parte de la sociedad la percepción de que las condiciones de un crédito pueden modificarse mientras la deuda sigue vigente. “En muchos países, el principal temor es no poder afrontar las cuotas; en la Argentina, además, existe la incertidumbre de no saber cuánto terminará costando esa deuda”, concluye.

El asalariado que recalcula en la caja del supermercado y el empresario pyme que decide entre liquidar stock o tomar un crédito no enfrentan preguntas tan distintas: cuánto cuesta financiarse, durante cuánto tiempo y bajo qué condiciones. Con la morosidad de las familias en su nivel más alto en dos décadas, una memoria económica atravesada por crisis sucesivas y un circuito de cobranza que en muchos casos excede el reclamo legítimo, el crédito en la Argentina sigue definiéndose, para buena parte de la sociedad, menos como una herramienta de planificación que como una variable a administrar con cautela.