La nafta vuelve a subir y el defensor del Pueblo advierte: ¿quién paga la factura final?

Mientras los formoseños cargan combustible, el bolsillo vuelve a resentirse con un nuevo aumento en las estaciones de servicio. El defensor del Pueblo provincial, José Leonardo Gialluca, confirmó la suba tras un relevamiento en distintas expendedoras de YPF.

Los nuevos valores ya están en los surtidores: la nafta Súper trepó a $2110, la Infinia a $2319, el Diésel 500 a $2316 y el Diésel Premium a $2445. Las variaciones oscilan entre el 0,30% y el 0,96%, con incrementos de entre $7 y $22 por litro. Se espera que el resto de las marcas sigan el mismo camino, como ya hicieron las estaciones de bandera blanca.

¿Por qué vuelve a aumentar el combustible?

Gialluca explicó que esta nueva suba responde a varios factores: la actualización parcial del impuesto a los combustibles líquidos (ICL), el impacto tardío del conflicto en Medio Oriente sobre el precio del petróleo y la decisión oficial de alinear el valor interno con la paridad internacional.

Pero el funcionario fue más allá: advirtió que el impuesto a la transferencia de combustibles (ITC) es el único tributo que mejoró su recaudación desde 2023, y que el Gobierno Nacional no lo reparte según lo establecido, sino que lo desvía para sostener el superávit fiscal.

El ITC, el tributo que no cayó

Según cálculos del Instituto Argentina Grande, entre enero y julio de este año la recaudación tributaria cayó $6,6 billones respecto al mismo período del año anterior. Sin embargo, el impuesto a los combustibles salió indemne: el comparativo contra 2023 muestra una mejora de $1,89 billones a valores actuales.

El motivo es que el Ministerio de Economía aplicó actualizaciones trimestrales según la inflación, como permite la Ley 23966, además de algunas postergadas desde la gestión de Alberto Fernández. Así, el ITC pasó de representar el 9% del valor del litro de nafta súper al 19% actual.

Gialluca señaló que este dato podría ser positivo si no fuera porque el ITC está en el centro de investigaciones por presunto desvío de fondos. Señalan que el Gobierno nacional utilizó ese dinero para hacer caja, comprar títulos públicos y realizar inversiones financieras, en lugar de destinarlo a los fines previstos por ley.

¿Dónde debería ir el dinero?

La Ley 23966, sancionada en 1991, establece una distribución clara: 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte (rutas y ferrocarriles), 28,69% a la Anses para el sistema previsional, 15,07% a planes de vivienda social, 4,31% a obras hídricas y 2,55% a subsidios al transporte público. El 20,8% restante debería repartirse entre el tesoro nacional y las provincias.

Sin embargo, el defensor aseguró que nada de eso se cumple en la práctica. El fondo Sisvial, destinado al mantenimiento del sistema vial, recaudó $1,5 billones desde enero de 2024, pero más de $1 billón permanece en colocaciones con intereses, sin aplicarse a su fin.