La nueva ley penal juvenil sacude a los municipios: Orán ya se movió y no es por una buena razón
Mientras la ley penal juvenil avanza y alcanzará a chicos desde los 14 años, los municipios quedan en el medio: sin recursos claros, con problemáticas que explotan en los barrios y una articulación que nadie termina de definir. Orán ya se movió, pero la pregunta incómoda sigue sin respuesta.
La ampliación del régimen de responsabilidad penal juvenil, que alcanzará a adolescentes desde los 14 años, dejó de ser un tema exclusivo de tribunales y fuerzas de seguridad. Ahora los municipios deben definir qué rol ocuparán en un escenario que los obliga a revisar recursos, prevención y articulación con otras áreas.
En Orán, ese debate ya tiene fecha. El intendente Baltasar Lara Gros y el secretario de Justicia, Javier Mónico, encabezaron una reunión de trabajo con funcionarios municipales, autoridades judiciales, representantes del ámbito penitenciario y otros actores vinculados a la problemática. El objetivo: evaluar las implicancias concretas de la nueva normativa.
Infraestructura, espacios y recursos: la primera pregunta
Uno de los ejes centrales de la reunión fue anticipar qué infraestructura, espacios y recursos serán necesarios para atender el nuevo escenario. Pero la discusión excede lo edilicio: ¿qué capacidad real tendrán los municipios para intervenir en problemáticas que, en muchos casos, empiezan mucho antes de que un adolescente llegue al sistema judicial?
Violencia entre pares, bullying, consumo problemático de sustancias, conflictos familiares, vulnerabilidad social y distintas formas de violencia son parte de un universo que suele manifestarse primero en los barrios, las escuelas y los espacios comunitarios. Los municipios ya intervienen en esas situaciones, aunque con recursos humanos y presupuestarios acotados.
El desafío de la articulación
La ampliación del universo de adolescentes alcanzados por la responsabilidad penal juvenil obliga a revisar esa articulación. No se trata solo de disponer de lugares para alojar o contener a quienes ingresen al sistema, sino también de definir qué organismo interviene en cada instancia, cómo se trabaja en prevención y qué herramientas existen para evitar que las situaciones de vulnerabilidad deriven en hechos delictivos.
En ese contexto, Orán parece haber dado el puntapié inicial para una discusión que deberá extenderse a otras comunas. La aplicación efectiva de la nueva ley demandará coordinación entre Justicia, seguridad, organismos provinciales, municipios y las áreas sociales que trabajan con adolescentes.
