La nueva ley penal juvenil ya moviliza a Salta: 67 denuncias y un caso que encendió las alarmas

A pocos días de la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil, en Salta ya se registraron 67 denuncias que involucran a menores de edad. El dato fue revelado por el defensor Penal Juvenil Nº 1, Carlos Flores, quien analizó el impacto inicial de la normativa y advirtió sobre la necesidad de reforzar la prevención en escuelas y familias.

Según precisó Flores, las denuncias ingresaron entre el 5 y el 17 de septiembre y aún se encuentran en una etapa preliminar de investigación. El ingreso de los casos se canaliza inicialmente a través de las fiscalías penales, que son las encargadas de investigar los hechos.

"Recién han transcurrido algunos días desde su entrada en vigencia y no se nota todavía un incremento en sí de la cantidad de causas, y menos de las causas a las que nos dan intervención a esta defensoría penal juvenil", explicó el funcionario a El Tribuno.

No todas las denuncias avanzan de la misma manera ni llegan a la Defensoría Penal Juvenil. En una primera instancia se evalúa la gravedad y la relevancia de cada caso para definir el camino procesal. "De allí se tiene que hacer una selección, se analiza la gravedad, la relevancia del caso. Por ahí son cuestiones simples en las que se va a buscar algún mecanismo alternativo y no todas llegan a la defensoría. Algunas también se tramitan con la intervención de un abogado particular", detalló Flores.

En cambio, los hechos graves exigen una intervención casi inmediata de la defensa especializada. En ese marco, el defensor confirmó que ya intervienen en una causa por abuso sexual, el caso de mayor gravedad entre los registrados hasta el momento. "Las causas graves sí ameritan la intervención casi inmediata y, de hecho, nos dieron intervención en una de esas causas. Era un hecho bastante grave donde ya tomamos intervención y está en proceso de tramitación la IPP, que es la etapa de investigación preliminar", señaló.

La investigación penal preparatoria (IPP) es la primera etapa del proceso y permite reunir elementos, tomar declaraciones y determinar cómo continúa la causa. Sobre los tiempos, Flores aclaró que dependen de la evolución de cada expediente y de la participación de los involucrados. "A veces se cita a la persona que es la víctima y no concurre, entonces se la vuelve a citar, y a veces hasta dos o tres veces. Después lo mismo acontece con el imputado. A veces no concurre, entonces se hacen una o dos citaciones", indicó.

Mayoría de los casos en la capital

De acuerdo con la información recabada por el defensor, la mayoría de las 67 denuncias corresponde a Salta Capital y al distrito Centro, que abarca localidades y zonas aledañas bajo la jurisdicción de fiscalías con asiento en la capital. No obstante, Flores aclaró que aún no cuenta con datos precisos sobre el tipo de delitos de las restantes denuncias, porque muchas siguen en etapa inicial y no fueron derivadas a la defensoría.

"Por lo que tengo conocimiento, sí son la mayoría de Salta Capital y del distrito Centro, que son las zonas aledañas a la capital que también tienen jurisdicción de la fiscalía. Pero no tengo el dato del tipo de delitos, porque a nosotros todavía no nos han dado intervención. Recién se está en una etapa preliminar", manifestó.

Diferencia con Buenos Aires

Flores también se refirió a la suspensión temporaria de la ley en la provincia de Buenos Aires, dispuesta a partir de una acción ante un juzgado penal juvenil de Lomas de Zamora. Según explicó, el fundamento de la jueza bonaerense fue la falta de condiciones adecuadas en los institutos de alojamiento especializados para menores.

"Entiendo que las realidades son distintas, por cuanto el fundamento de la jueza estaba dado en que no se reunían las condiciones en los institutos de alojamiento especializados conforme lo establece la ley", sostuvo. Y remarcó que esa situación no se replica en Salta: "Esa no es la situación que se presenta en nuestra provincia, donde ya están acondicionados los institutos especializados para la detención de los chicos menores de edad".

De todos modos, aclaró que la Cámara de Casación dejó sin efecto la medida cautelar, por lo que la ley volvió a regir en territorio bonaerense.

Prevención en las escuelas

Más allá del tratamiento judicial, Flores destacó que la prevención es uno de los principales objetivos. Desde la Defensoría General se instruyó a las defensorías penales juveniles para que realicen actividades de concientización y capacitación en instituciones educativas.

El eje está puesto en advertir a los chicos y adolescentes que conductas tomadas como bromas, travesuras o "avivadas" pueden tener consecuencias legales. "Básicamente, lo que se busca es una tarea de concientización para prevenir que hechos que muchas veces son vistos como travesuras, como una broma o como una 'avivada', no se lleguen a concretar, porque después tienen consecuencias judiciales", expresó.

Las actividades ya comenzaron y la próxima semana Flores participará de encuentros en dos escuelas de General Güemes. "La otra semana se va a hacer en dos escuelas de la localidad de General Güemes, donde me toca concurrir, precisamente para buscar la concientización en los niños y en los jóvenes", anunció.

El defensor advirtió que un hecho que para los jóvenes puede parecer sin relevancia sí puede tener consecuencias jurídicas, sobre todo con la baja de la edad de punibilidad. También consideró que las charlas ya realizadas podrían haber generado mayor prudencia entre los adolescentes.

Amenazas escolares: cautela y abordaje interdisciplinario

Consultado sobre las amenazas en instituciones educativas, Flores sostuvo que se trata de situaciones delicadas que deben abordarse con cautela. "Las amenazas a la escuela son hechos sobre los cuales se tiene mucha cautela a la hora del abordaje, porque algunas veces empiezan como simples amenazas y se han dado casos donde se ha avanzado en provocar algún daño a algunas personas, incluso con resultados fatales", explicó.

Por eso, remarcó que no se debe minimizar ninguna advertencia, aunque parezca una broma, y que el abordaje debe ser interdisciplinario, con profesionales de la salud. "Son situaciones delicadas que deben abordarse de manera interdisciplinaria, con equipos de profesionales de la salud que acompañen, para tratar de entender la situación", afirmó.

No obstante, insistió en que la principal herramienta es la prevención: "Sobre todo, lo que se busca es prevenir y evitar que pasen estas situaciones a través de la concientización. A lo mejor se hace por ligereza algún tipo de amenaza a la escuela como una broma, pero por la gravedad que puede tener, el sistema empieza a actuar y toma todas las precauciones para que no pase en la práctica lo que se amenaza".

El rol de las familias y la comunidad

Flores pidió que toda la comunidad se involucre en la prevención. "Es importante que desde la comunidad se colabore en esta tarea de concientización", afirmó, y mencionó a padres, docentes, entrenadores y asistentes de equipos deportivos, además de quienes trabajan en gimnasios y otros ámbitos frecuentados por adolescentes.

"Cada padre tiene que hablar con sus hijos. Los profesores, los preparadores o asistentes de los equipos deportivos en los gimnasios: todos tienen que participar en la recomendación a los niños y a los jóvenes de que traten de no meterse en problemas", expresó.

Finalmente, les pidió a los adolescentes que piensen dos veces antes de cometer un hecho que pueda derivar en una causa judicial: "Que lo piensen dos veces antes de cometer algún hecho que después pueda traer consecuencias que muchas veces son bastante complejas".