La nueva ley que promete terminar con los aguantaderos en Mendoza: cómo funcionará

El Gobierno de Mendoza dio un paso clave para blindar la lucha contra los inmuebles utilizados para cometer delitos. El proyecto de Ley Antiguantaderos ya fue presentado en la Legislatura y busca que las intervenciones no dependan de cada gestión.

El subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, fue el encargado de exponer la iniciativa ante la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de Diputados. Lo acompañaron el director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat; el jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo, y el director del Programa de Intervención Administrativa sobre Inmuebles, Carlos Magnani.

¿Qué propone exactamente?

La norma apunta a consolidar como política de Estado un mecanismo que la Provincia ya viene aplicando: intervenir propiedades abandonadas, deterioradas o usadas como escenario de actividades delictivas. Según Jaliff, estos lugares suelen convertirse en la plataforma donde se cometen delitos.

“Buscamos preservar la seguridad pública, la seguridad ciudadana y el entorno urbano. Hemos visto muchos inmuebles que se transforman en la plataforma donde se cometen delitos. Generalmente son propiedades abandonadas o deterioradas que pueden utilizarse como aguantaderos, para ocultar personas, comercializar estupefacientes o acopiar elementos vinculados al delito”, sostuvo el funcionario.

El rol clave de los vecinos

Uno de los datos más llamativos que surgió en la reunión es que la información aportada por los vecinos es fundamental para detectar estos lugares. Jaliff remarcó que son ellos quienes más sufren la inseguridad y quienes avisan a las autoridades.

“Estamos actuando porque es nuestro deber preservar la seguridad pública y porque quienes más sufren estas situaciones son los propios vecinos. Ellos son quienes nos transmiten la problemática y una de las cosas que más nos ha impactado es el agradecimiento que recibimos cada vez que se concreta una intervención”, afirmó.

20 intervenciones ya realizadas

Hasta el momento, la Provincia ya concretó 20 intervenciones, todas con la aprobación de los propietarios. Jaliff aseguró que los resultados fueron efectivos y que el proyecto busca darles continuidad más allá de los cambios de gobierno.

“Hasta el momento realizamos 20 intervenciones, todas con la aprobación de los propietarios y con resultados efectivos. Además, seguimos impulsando convenios con los municipios porque son actores fundamentales en este proceso”, indicó.

¿Cómo es el procedimiento?

Las intervenciones siguen un proceso administrativo que arranca con un informe policial sobre el estado del inmueble y continúa con un informe municipal. Con esos antecedentes, se dicta una primera resolución que declara la necesidad de intervenir y una segunda que autoriza la ejecución de la medida.

Según las condiciones de la propiedad, se define si corresponde el tapiado o la demolición. La ley busca que este esquema quede formalizado y no dependa de la voluntad de cada administración.