La obra social provincial paga tarde y admite cuánto: el número que complica a prestadores
Los prestadores vienen cobrando con demoras que ya llegan a los 20 días y el IPS lo reconoce: “No nos alcanza”, admite su titular. ¿Qué pasará con la atención?
El Instituto Provincial de Salud (IPS) de Salta reconoció que abona a prestadores y proveedores con demoras de entre 15 y 20 días, una situación que se sostiene pese a los esfuerzos por equilibrar las cuentas. El dato lo confirmó su presidente, Martín Baccaro, en diálogo con FM Aries.
“Estamos pagando casi todo, pero con un atraso que hoy está en unos 15, entre 15 y 20 días”, dijo el funcionario, que igualmente remarcó que no hay cortes de servicios ni conflictos previstos en el corto plazo.
Los números que no cierran
Baccaro explicó que la obra social provincial tiene gastos mensuales que van de $32.000 a $35.000 millones, mientras que los ingresos propios se ubican entre $27.000 y $29.000 millones. La diferencia se cubre con adelantos del Tesoro provincial, pero ese mecanismo no alcanza para evitar los retrasos.
Del total de la recaudación, unos $19.000 millones provienen de aportes y contribuciones. A eso se suman recursos de ANSES por los jubilados, convenios y coseguros, lo que eleva la cifra variable a los $27.000-$29.000 millones mencionados.
La deuda que quedó atrás
El titular del IPS también se refirió a la deuda de $25.000 millones que había motivado la intervención del organismo. Según aseguró, esa situación ya fue saneada y, en comparación con los gastos actuales, representaba más de un mes de obligaciones pendientes. El atraso actual, en cambio, es inferior a un mes y se logró reducir con un esfuerzo conjunto entre la administración y los prestadores, que aceptaron sostener los servicios pese a no recibir todos los aumentos que esperaban.
Consultado sobre el proyecto legislativo que busca limitar el acceso a la obra social para quienes no hayan trabajado los últimos diez años en el Estado con cobertura del IPS y pretendan mantenerla al jubilarse, Baccaro consideró que el impacto económico no sería significativo porque no se trata de una gran cantidad de personas. A su entender, la iniciativa apunta principalmente a una discusión de principios y criterios de afiliación.
