La oficial que revisaba patentes antes de cada entradera: ahora define la Justicia
Una banda que marcaba casas en Coghlan, Villa Devoto y Liniers tenía un arma secreta: una oficial que revisaba las patentes antes de cada golpe. El juicio oral está por definirse y la lista de delitos no es corta.
Ocho imputados, entre ellos una oficial de la Policía de la Ciudad, quedaron a un paso del banquillo. La Justicia los acusa de conformar una banda que sembró el terror con entraderas en barrios del norte porteño y que terminó con la vida de un jubilado de 74 años en Coghlan. El fiscal José María Campagnoli reunió las pruebas y ahora el juez Ricardo Rongo debe fijar la fecha del debate oral.
La investigación puso el foco en el rol de la agente, identificada como M.N.B.D.C. Según la fiscalía, lejos de cumplir con su función, aprovechó su acceso a los sistemas policiales para chequear que los vehículos y las chapas que usaba la organización no tuvieran pedidos de secuestro ni impedimentos legales. Ese dato, sostienen los investigadores, fue determinante para que los asaltos salieran limpios y para que el grupo, incluida su propia pareja, quedara a resguardo.
Un entramado que funcionaba como reloj
La banda no actuaba a la deriva. Tenía jefes —H.G.A. y J.H.T.— y un modus operandi aceitado desde mediados de 2025. Los integrantes marcaban viviendas en Villa Devoto, Villa del Parque, Liniers y Coghlan, hacían vigilancia durante días y esperaban el momento exacto para golpear.
El ataque era siempre igual: forzaban rejas, puertas o ventanas, entraban y reducían a los ocupantes a golpes y amenazas. Mientras unos actuaban adentro, otros hacían de campana en la calle para avisar cualquier movimiento sospechoso. La orden era clara: dinero, joyas y todo objeto de valor.
Para moverse sin dejar rastro, la organización contaba con una flota de autos: un Toyota Yaris negro, un Renault Sandero y un Chevrolet Spin azul, entre otros. A esos rodados les cambiaban las patentes por otras robadas. También sumaban vehículos de origen ilícito y retocaban la documentación para bajar riesgos. Ahí era donde entraba en juego la oficial.
La noche que terminó en tragedia
El caso que destrabó todo fue el de Osvaldo Héctor Galella. La madrugada del 24 de enero de 2026, en su casa de Núñez al 4000, en Coghlan, tres miembros de la banda —J.H.T., R.D.M. y J.L.V.— entraron por la fuerza y despertaron a la pareja a golpes. Exigían plata.
Galella intentó proteger a su esposa. Lo redujeron, lo ataron y sufrió una descompensación. El Cuerpo Médico Forense concluyó que murió por una cardiopatía agravada por el estrés brutal del asalto. Los ladrones no se detuvieron ante los ruegos de la mujer: siguieron con el robo y escaparon con dinero, joyas y el celular de la víctima.
La viuda, que por el trauma tuvo que mudarse, no ocultó su dolor: “Estos señores robaron lo más importante para mí, la vida de mi marido. Lo que se llevaron no me importa, pero arruinaron mi familia, me sacaron mi casa, hirieron a mis hijos, todos estamos mal”.
Cinco entraderas y una pista que lo cambió todo
La causa por el homicidio permitió atar los cabos sueltos de al menos cinco entraderas cometidas desde julio de 2025. Los domicilios atacados quedaron identificados: Estomba al 3100 (Coghlan), Ricardo Gutiérrez al 2600 (Villa del Parque), Asunción al 3700 (Villa Devoto), Manuela Pedraza al 3400 y Conde al 3200 (Coghlan), y Ventura Bosch al 6000 (Liniers).
En uno de esos golpes, los delincuentes quedaron filmados mientras forzaban la puerta de un garaje con un destornillador. Esa imagen fue clave para identificarlos. A eso se sumó el análisis de las cámaras de seguridad y un celular que uno de los acusados olvidó en Villa Devoto. Con esos elementos, la Policía allanó y detuvo a los sospechosos, además de secuestrar armas de fuego y documentación relevante.
Qué les espera en el juicio
El Ministerio Público Fiscal pidió que los ocho imputados lleguen al banquillo por asociación ilícita, homicidio agravado, robos agravados y otros delitos vinculados al uso de armas, encubrimiento y adulteración de patentes.
La oficial de la Policía de la Ciudad enfrenta cargos por coautoría de homicidio doblemente agravado, participación necesaria en robos y hurtos, y abuso de su condición de integrante de una fuerza de seguridad. En los próximos días, el juez Rongo deberá ponerle fecha al juicio oral donde se ventilará, uno por uno, el rol de cada acusado en esta historia.
