Daniel Lovera defendió en la Legislatura la ley que hace obligatoria la sala de 3 desde 2027. Antes de que el proyecto se aprobara, dejó una advertencia sobre lo que falta para que la norma funcione en toda la provincia.
La Legislatura de La Pampa aprobó la ley que convierte en obligatoria la sala de 3 años a partir de 2027. Durante el debate, el diputado Daniel Lovera defendió la iniciativa y puso el foco en lo que considera el verdadero alcance de la medida: la educación como herramienta para achicar desigualdades.
Para el legislador, la norma excede una simple corrección administrativa. “No estamos hablando solamente de modificar una disposición legal. Estamos hablando de ampliar el alcance de una responsabilidad educativa que involucra al Estado, a las instituciones y a las familias”, sostuvo en el recinto.
El 75 % que ya va y los que faltan
Hoy la provincia cubre al 75 % de los niños y niñas de 3 años en el nivel inicial. Con la nueva ley, esa cobertura deja de ser una oferta disponible y pasa a ser una obligación de escolarización: el objetivo es sumar a quienes todavía no concurren.
Lovera aclaró que el texto por sí solo no alcanza. “No alcanza con establecer una obligación por ley. Es indispensable que existan las condiciones materiales, pedagógicas e institucionales que permitan cumplirla”, advirtió.
En esa línea, valoró las acciones que presentó el Ministerio de Educación provincial en infraestructura, formación docente, diseños curriculares, equipamiento y materiales didácticos.
Por qué la sala de 3 tiene identidad propia
El diputado dedicó buena parte de su exposición a la primera infancia. Según planteó, la educación inicial incide en el desarrollo del lenguaje, las capacidades cognitivas, los vínculos afectivos y las habilidades sociales y emocionales.
También subrayó que la sala de 3 no es un adelanto del jardín de 4, sino un espacio con identidad pedagógica propia, donde el juego, la exploración, la expresión y la convivencia son herramientas centrales del aprendizaje.
Desde esa perspectiva, ampliar el acceso a la educación inicial implica generar mejores condiciones para reducir desigualdades sociales desde edades tempranas.
El desafío de las distancias y las localidades chicas
Uno de los puntos que Lovera marcó como pendiente es el territorial. Las grandes distancias, las localidades pequeñas y las distintas realidades familiares de La Pampa plantean obstáculos para que la obligatoriedad llegue a todos los chicos.
“El desafío será que esa obligación legal se corresponda con una posibilidad real de acceso, independientemente del lugar donde viva cada niño o de las condiciones sociales y económicas de su familia”, afirmó.
Un alivio para la organización familiar
El legislador también se refirió al impacto cotidiano de la medida. Contar con instituciones públicas, gratuitas y de calidad representa un acompañamiento para las familias en las tareas de cuidado, que todavía recaen en buena medida sobre las mujeres.
Por eso sostuvo que la ley no solo amplía oportunidades educativas para las infancias, sino que también mejora las condiciones para organizar la vida familiar y laboral.
Una política con antecedentes
Lovera recordó que La Pampa viene acumulando pasos en esta dirección, con la adecuación de la normativa provincial sobre educación inicial en 2017 como antecedente.
“La educación inicial es una inversión cuyos resultados no siempre pueden medirse de manera inmediata. Sus efectos se construyen a lo largo del tiempo, en las experiencias, los aprendizajes y las oportunidades que acompañan a cada niño durante su desarrollo”, señaló.
El cierre de su intervención apuntó a lo que considera el sentido de fondo de la ley: que el lugar de nacimiento, la situación económica de la familia o las condiciones del territorio no definan las oportunidades educativas de los chicos pampeanos.
