La Pampa aprueba un cambio clave en los hospitales: ¿qué pasa con las prepagas?

El Gobierno de La Pampa dio un paso contundente para equiparar los costos de la salud pública con los del sector privado. A través del Decreto Nº 1.229, publicado en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud quedó habilitado para cobrar hasta un 50% más a las empresas de medicina prepaga por las atenciones que reciban sus afiliados en hospitales estatales.

La medida modifica el régimen de recupero de costos y apunta directamente a las entidades que financian prestaciones de salud: obras sociales, mutuales, prepagas, compañías de seguros y terceros administradores. Todas deberán reintegrar al Estado provincial el valor de las prácticas realizadas a sus afiliados en los establecimientos dependientes del Ministerio.

¿Cómo se calculará el nuevo arancel?

Cuando no existan convenios particulares, la facturación tomará como base el Nomenclador Sempre, la referencia histórica para el recupero de costos. Pero la novedad central es que, para pacientes de prepagas, se podrá sumar un adicional de hasta el 50%.

Ese incremento no será automático: deberá establecerse mediante una resolución fundada y respetar criterios de “razonabilidad y proporcionalidad”. El objetivo oficial es recuperar una mayor parte de los costos que afronta el sistema público y optimizar los recursos para garantizar la gratuidad de quienes no tienen cobertura.

¿Quiénes quedan excluidos?

Los afiliados al Sempre y al PAMI no serán alcanzados por esta modificación. Ambas obras sociales mantienen sistemas propios de facturación y convenios específicos con el Estado provincial, por lo que siguen por afuera del nuevo esquema.

Además, se incorporó un requisito para los pacientes: deberán presentar una declaración jurada indicando cuál es su cobertura médica. Con esa documentación, el Ministerio podrá facturar la atención directamente a la entidad responsable.

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostiene que las prepagas manejan estructuras arancelarias superiores a las del nomenclador vigente, por lo que el ajuste busca adecuar los valores que percibe la Provincia cuando atiende a sus afiliados. De esta forma, se traslada una mayor carga a las empresas privadas y se evita que esos gastos recaigan sobre el sistema público, pensado para quienes no tienen otra cobertura.