¿Hasta cuándo va a seguir La Pampa mirando desde afuera el sistema que ya funciona en catorce provincias? El proyecto existe, los abogados lo respaldan y hasta hay un diputado que promete aprobarlo. Lo que falta es lo de siempre.
Mientras catorce jurisdicciones argentinas ya tienen legislación para que ciudadanos comunes juzguen delitos graves, La Pampa mantiene el proyecto durmiendo en la Legislatura. El último ejemplo llegó de Chubut, que días atrás sorteó a 6.096 personas para integrar jurados populares en 2027 y 2028.
La postal incomoda: la provincia que alguna vez marcó el rumbo en materia procesal penal hoy aparece atrás en una discusión que, en rigor, no es nueva. El juicio por jurados está previsto en la Constitución Nacional desde 1853.
Un mandato que cumple 173 años de espera
Lejos de ser una novedad, el sistema de jurados populares es la puesta en marcha de una obligación que la carta magna fijó hace más de un siglo y medio. Su lógica es simple: que vecinos comunes, no solo jueces técnicos, decidan sobre la culpabilidad o no culpabilidad de los acusados por delitos graves.
Para sus defensores, esa participación democratiza la justicia y le da a las decisiones judiciales una legitimidad que el sistema actual no logra transmitir del todo.
El mapa del avance
Córdoba fue la pionera: sancionó su ley en 2004 y la aplicó desde 2005. Neuquén siguió en 2014 con el modelo de jurados populares y después se sumaron otras provincias. Hoy son catorce las jurisdicciones con legislación que contempla el sistema, aunque cada una lo instrumentó a su manera y con ritmos distintos.
El Código Procesal Penal Federal también lo incluye, pero falta la sanción de una ley nacional específica para que pueda funcionar en la práctica.
El proyecto que no sale
En La Pampa la iniciativa existe: la impulsa el diputado provincial Hernán Pérez Araujo (Frejupa). El texto pasó por comisión y recibió aportes de sectores jurídicos y académicos, pero la sanción sigue pendiente y, según la nota, no aparecen razones de peso para la demora.
El legislador se mostró optimista sobre los tiempos: “En nuestra provincia el proyecto de juicio por jurados tiene estado parlamentario, y esperamos que el año próximo estemos ultimando todo para que se apruebe y se ponga en marcha”.
No es el primer intento. En 2012, el entonces legislador Martín Berhongaray había presentado una iniciativa en el mismo sentido, pero el proyecto no prosperó.
El respaldo de los abogados
El Colegio de Abogados de La Pampa, y en particular los penalistas del foro local, expresó públicamente su apoyo a la reforma. La penalista Vanessa Ranocchia Ongaro, que el año pasado expuso sobre el tema en la Legislatura en representación de la entidad, fue tajante: “El juicio por jurados es una realidad en muchas provincias del país, y es una pena que la nuestra, que en algún momento estuvo a la vanguardia de los códigos de la Patagonia aparezca ahora rezagada en este tema”.
Cómo quieren que funcione
La propuesta de los abogados apunta a que el jurado intervenga en delitos cuya pena en abstracto supere los 15 años. Sin embargo, pusieron una objeción concreta: no quieren que sea la fiscalía la que defina cuándo corresponde el juicio por jurados.
“La competencia no debe quedar sujeta a la estrategia de una de las partes. Eso debilita la igualdad de armas”, advirtieron los penalistas.
En otros puntos parece haber más consenso. La idea mayoritaria es ampliar la edad de participación desde los 18 años, eliminar el tope de 75 y suprimir la exigencia de contar con oficio o profesión. En resumen: que el jurado lo integren ciudadanos comunes, con sus luces y sus sombras, como cualquier integrante de la sociedad.
El acuerdo técnico está. Lo que falta es la decisión política de convertirlo en ley.
