La Pampa le ganó una pulseada a Nación por las regalías de Los Nihuiles: Mendoza ya avisó que no acatará el fallo

La fiscal de Estado de La Pampa, Romina Schmidt, confirmó que la provincia ya trabaja en la demanda de fondo contra el Decreto 982/26 que el presidente Javier Milei firmó para quitarle a La Pampa las regalías hidroeléctricas del complejo Los Nihuiles. La funcionaria, encargada de la estrategia legal del Estado pampeano, habló con Radio Noticias 99.5 y explicó el alcance del fallo del juez federal Juan José Baric, que suspendió provisoriamente los artículos 3° y 4° de la norma.

"Es una medida interina, porque se toma antes de darle posibilidad de responder a la Nación. Significa que el juez federal vio en nuestro escrito un derecho en peligro y entendió que no podía haber demora en resguardar el derecho, y lo que hizo fue dictar una cautelar interina", detalló Schmidt. A partir de ahora, según precisó, La Pampa le da traslado de la demanda cautelar al Estado nacional.

Los plazos que se vienen

La fiscal explicó que la Nación no puede apelar la cautelar y que ahora debe contestar la demanda. "Son plazos breves porque es una cautelar, son cinco días que tienen para responder", señaló. Consultado sobre la vigencia del decreto, recordó que la norma se publicó el viernes y entró en vigencia el lunes siguiente, por lo que las regalías quedaron interrumpidas desde ese momento.

Sin embargo, Schmidt aclaró que quien debe notificarse de que no debe aplicar el decreto es el Gobierno de Mendoza. "Igualmente, lo más importante en estos días es la confección de los pliegos licitatorios del Complejo Los Nihuiles", advirtió. Hace dos meses, Mendoza y Nación llamaron a licitación nacional e internacional para explotar el complejo, y ahora avanzan en los pliegos. "Cuando llaman a una empresa nueva nos dejan afuera del costo", alertó.

El teléfono de Milei y el convenio de 1992

Schmidt apuntó contra la estrategia mendocina: "Mendoza pidió la nulidad del decreto de 1973 en el 2022 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los plazos de la Corte son largos, pero hace 15 días la Corte dijo que La Pampa es una tercera a la que hay que llamar porque tiene derechos comprometidos". Y agregó: "Mendoza en lugar de notificarnos de esa demanda, parece que prefirió acudir al teléfono del presidente de la Nación y salió ese decreto. Creo que esto fue así, aunque no tengo pruebas de esto".

La funcionaria también respondió al ex ministro Luis Petri, quien sostuvo que los conflictos entre provincias los resuelve la Corte Suprema. "Cuando hay un río interjurisdiccional el que debe resolver el problema es el comité de cuenca, como ocurre con el Coirco, donde están representadas las cinco provincias dueñas del río Colorado", contestó. Y remarcó: "Habría que decirle a Petri que en el caso del Atuel no lo tenemos al comité de cuenca porque ellos se niegan".

Schmidt cerró con el argumento central de La Pampa: "Más allá de que ellos hablen de fallos, acá hay un convenio de partes del año 1992. Ellos se obligaron a darnos las regalías. Y los contratos están para ser cumplidos".

La demanda de fondo, que además pedirá la inconstitucionalidad del decreto, tiene un plazo de diez días para ser presentada y ya está en elaboración.

Mendoza redobla la apuesta

La ministra de Ambiente y Energía de Mendoza, Jimena Latorre, salió al cruce y afirmó que su provincia no está obligada a acatar el fallo del Juzgado Federal de Santa Rosa. En declaraciones al diario Los Andes, sostuvo que se trata de una cautelar interina y no de una decisión sobre el fondo de la disputa. La postura no sorprende: Mendoza es parte en la causa por el río Atuel, que ya tiene sentencia firme de la Corte Suprema y tampoco cumple.

Latorre calificó el fallo de Baric como un "remedio excepcionalísimo" y cuestionó que se haya concedido antes de que la Nación pudiera exponer sus argumentos. "Lo que hizo la provincia de La Pampa es eludir la competencia originaria de la Corte Suprema y buscar que un juez pampeano resolviera con un remedio excepcionalísimo una discusión que dura muchísimos años", disparó.

Las regalías hidroeléctricas equivalen al 12% de la generación y se distribuían en partes iguales entre Mendoza y La Pampa desde 1973, un reparto que ambas provincias y la Nación ratificaron en un convenio firmado en 1992 en la capital mendocina y homologado por las legislaturas de ambas provincias y por la propia Corte.