La Pampa propone adherir a la baja de la imputabilidad: qué implica el proyecto
El Ejecutivo provincial presentó el proyecto para adherir a la ley que baja la edad de imputabilidad a 14 años. El debate en comisiones será clave para definir cómo se aplicará el nuevo régimen en el territorio.
El Gobierno de La Pampa envió a la Cámara de Diputados un proyecto para adecuar la legislación provincial a la Ley Nacional N° 27.801, que fija la edad de imputabilidad en 14 años. La iniciativa busca adaptar los procedimientos judiciales y los fueros especializados antes de la plena vigencia de la norma federal.
Según informaron desde el Ejecutivo, la adecuación apunta a coordinar el trabajo del Poder Judicial con los organismos de niñez y adolescencia de la provincia. El objetivo es garantizar el debido proceso y, al mismo tiempo, la aplicación de medidas socioeducativas e interdisciplinarias para los menores que queden bajo el nuevo régimen.
¿Qué cambia con la nueva ley?
La Ley 27.801, sancionada a nivel nacional, establece que los adolescentes de 14 y 15 años podrán ser imputados por delitos graves. Hasta ahora, en La Pampa regía un esquema distinto, con un piso de imputabilidad más alto. Con esta reforma, la provincia se alinea con el nuevo Régimen Penal Juvenil.
El proyecto provincial contempla la creación de fueros especializados en responsabilidad penal juvenil y la actualización de los protocolos de actuación local. También prevé la articulación con los dispositivos de contención y seguimiento de los menores, tanto en el ámbito judicial como en el social.
El texto ya ingresó formalmente y comenzará su debate en las comisiones legislativas en las próximas semanas. Desde el oficialismo confían en que la iniciativa tenga un trámite ágil, aunque no se descartan modificaciones durante el tratamiento parlamentario.
La decisión de adherir a la baja de la imputabilidad generó expectativa en distintos sectores. Organizaciones vinculadas a la niñez pidieron que se garantice un enfoque socioeducativo y no meramente punitivo. En tanto, sectores judiciales advirtieron sobre la necesidad de contar con recursos y personal capacitado para afrontar el nuevo escenario.
Mientras se espera el dictamen de las comisiones, el Ejecutivo provincial trabaja en los detalles operativos de la implementación. La adecuación normativa es el primer paso para que la ley nacional tenga plena aplicación en el territorio pampeano.