La partera Dolly se quedó callada en la indagatoria: lo que decidió el juez después
Una mujer de 88 años se sentó frente al juez y no dijo una palabra. Al día siguiente, el magistrado tomó una decisión que la complica todavía más: qué encontró la Justicia en su casa y por qué el caso va más allá de un solo bebé.
El juez federal Carlos Vera Barros procesó a Dolly Viale de Garrido por la primera denuncia de apropiación de bebés en su contra. La resolución llegó apenas un día después de que la exobstetra de 88 años se negara a declarar en la indagatoria.
La causa que la complica es la de Roberto Carlos Fargioni, un hombre de 48 años que la denunció a fines de 2023. El fiscal federal Andrés Montefeltro había presentado la evidencia formalmente el martes, y el magistrado resolvió al día siguiente.
Qué delitos le imputan
Vera Barros señaló a la partera jubilada como probable autora de dos delitos cometidos mientras trabajaba en el Hospital Roque Sáenz Peña. Por un lado, la supresión de la identidad de una persona menor de 10 años. Por el otro, la falsificación de documento público al momento de registrar el nacimiento.
Fargioni había denunciado a la partera a fines de 2023. Para entonces ya sabía que no tenía vínculo biológico con sus padres: un examen de ADN lo había descartado.
El relato que complica a la exobstetra
Antes de morir, la madre del denunciante reconoció en una conversación privada que habían buscado a una obstetra de la zona sur de Rosario porque no podía tener hijos con su marido. Según ese testimonio, la mujer podía conseguir "el bebé varón que ellos querían".
El acta firmada por la médica indica que Fargioni nació el 9 de septiembre de 1978 en el Hospital Roque Sáenz Peña. Pero parte de esa información es falsa. Una testigo entrevistada en abril pasado recordó que un ginecólogo amigo de la familia actuó como intermediario para buscar al niño. El médico contó que la madre era una joven estudiante del norte y que el parto había ocurrido en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, aunque no quedó registro oficial.
Qué medidas le impuso la Justicia
Además del procesamiento, el juez le trabó un embargo de 10 millones de pesos sobre sus bienes, en el marco de las medidas penales y civiles del caso. La exobstetra también deberá pagar una fianza de 5 millones de pesos para permanecer en libertad durante el proceso. El plazo para abonar la caución es de cinco días desde este martes, cuando el fiscal Montefeltro presentó formalmente la acusación.
Las otras causas y la hermana en la mira
El primer denunciante que acusó a Dolly se convirtió en uno de los referentes de Cardumen, un grupo de personas que buscan conocer su identidad verdadera tras otros episodios en los que intervino la partera. Entre ellas se cuenta Silvina Garrido, la hija adoptiva de la anciana.
Hasta marzo pasado, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) tenía datos de siete nacimientos más con documentación dudosa y la firma de Viale de Garrido. Por eso, la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos del MPF decidió secuestrar registros desde 1959 en el Hospital Roque Sáenz Peña para profundizar la búsqueda.
La médica trabajó durante 28 años en el nosocomio municipal. Pasados 34 años desde su jubilación, la Justicia federal ordenó el allanamiento de su casa en Lamadrid al 400. Allí encontraron un certificado de nacido vivo en blanco, una evidencia compatible con la hipótesis de que anotaba a bebés con el nombre de sus apropiadores.
A partir de los testimonios recabados desde que el caso Fargioni tomó estado público, los fiscales también investigan a Silvia Viale. Los denunciantes presumen que la hermana de la exobstetra también formaba parte de la red ilegal dedicada a la entrega directa de niños y niñas recién nacidos.
