La partera que firmó partidas falsas durante décadas: ahora la Justicia la sienta en el banquillo

Una médica obstetra de 87 años quedó en la mira de la Justicia Federal de Rosario por haber certificado nacimientos que, según la investigación, nunca existieron. Se trata de Olga Concepción Artale de Silva, procesada sin prisión preventiva como presunta autora de supresión y alteración del estado civil de menores de diez años, en concurso real con falsedad ideológica de instrumento público.

La resolución la firmó el Juzgado Federal N°3 de Rosario. Las damnificadas son dos mujeres que durante años sospecharon que sus partidas de nacimiento no contaban la verdad sobre sus orígenes: Ana Carolina Alzugaray y Romina Elisabet Lobos.

La Fiscalía y la querella ya pidieron que la causa avance a juicio oral. También reclamaron la colaboración de la población para dar con las posibles madres biológicas de ambas denunciantes.

Un caso que no tiene relación con el de Dolly

La novedad procesal de esta causa no está vinculada con la investigación que tomó estado público la semana pasada, donde otra partera de 88 años, identificada como D.E.V. y conocida como Dolly, está imputada por la supresión de identidad de una beba registrada como nacida en 1970.

En ese otro expediente se investiga además la situación de otras siete personas nacidas entre 1968 y 1980, período en el que la imputada trabajó en el Hospital Roque Sáenz Peña.

En el caso de Artale de Silva, el juzgado ratificó la validez de las pruebas reunidas por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas, a cargo de la fiscal Soledad García, con la intervención del fiscal coadyuvante Andrés Montefeltro.

Para los investigadores quedó acreditado que la profesional extendió certificaciones médicas ideológicamente falsas para dar apariencia de legalidad a filiaciones biológicas que no existían.

El juzgado fue categórico al señalar que la conducta atribuida “excede una mera irregularidad administrativa, pues importó la utilización consciente de un documento público para dotar de apariencia de legalidad a una filiación falsa, con aptitud para producir consecuencias jurídicas permanentes”.

Dos historias, una misma firma

La investigación arrancó con las denuncias de Alzugaray y Lobos, quienes sabían que no eran hijas biológicas de quienes figuraban como madre y padre en sus partidas.

Ana Carolina creció en Maciel, criada por Clorinda Carolina Ceresole y José Manuel Alzugaray. Siempre le dijeron que no era su hija biológica, pero su partida de nacimiento decía lo contrario: allí la partera Artale de Silva daba fe de un vínculo que no existía.

Según los relatos de José Alzugaray, el contacto se hizo a través de Susana A., hermana de Olga, con quien Clorinda tenía relación. Ana fue entregada a su familia adoptiva en una vivienda de Richieri al 2000, en Rosario.

La víctima buscó a Olga en varias oportunidades para pedirle información sobre su progenitora. La respuesta fue siempre la misma: que no recordaba esa historia y que dejara de molestarla.

Ana lleva 30 años buscando su identidad biológica. En ese camino descubrió que no era la única en esa situación y conoció a Romina Elisabet Lobos, quien ya siendo adulta supo que no era hija biológica de quienes la criaron, Esther Candusso y José Francisco Lobos.

La partida de Romina repite la misma falsedad: Artale de Silva como partera certificó un vínculo biológico inexistente.

En ambos casos, al momento de la entrega de los bebés a sus familias adoptivas, la partera ahora procesada les entregaba un certificado de nacido vivo con su firma, que después se usaba para inscribir a las niñas en el Registro Civil.

Con contactos en distintos organismos estatales, las denunciantes supieron que la obstetra ya había sido mencionada por atender partos de manera clandestina y expedir certificados que permitieron a parejas inscribir niños y niñas con una identidad biológica falsa.

Las denuncias se presentaron en la justicia federal entre 2022 y 2023. Las causas se acumularon en el Juzgado Federal N°3, a cargo del juez Carlos Vera Barros, quien delegó la pesquisa a la Fiscalía. Con la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF), en mayo de 2024, la investigación pasó al Área de Casos Complejos.

Las pericias que sellaron el caso

Para esclarecer los hechos, la Fiscalía consideró indispensable obtener perfiles genéticos. El juzgado autorizó la extracción de muestras, tareas que quedaron en manos del Cuerpo Médico Legal del Poder Judicial de Santa Fe y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Las muestras se remitieron al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) para cotejar el perfil de las mujeres con sus padres adoptivos. Los informes fueron concluyentes: en ambos casos se descartó la existencia de vínculo biológico entre los causantes y las damnificadas, lo que confirmó la alteración material de la filiación.

El olvido, la pericia y el procesamiento

Cuando declaró por el caso de Romina Lobos, en mayo de 2025, Artale de Silva se negó a responder. Alegó padecer “olvidos involuntarios y déficit cognitivo de memoria” por un antiguo accidente laboral y un traumatismo reciente.

El Tribunal ordenó entonces la intervención del Gabinete Interdisciplinario de Diagnóstico Psico-Físico y Social de los Tribunales Federales de Rosario. El primer examen determinó que presentaba un deterioro cognitivo ostensible que le impedía comprender el proceso judicial.

La abogada querellante se opuso porque el test no aclaraba si el cuadro era transitorio o permanente. En diciembre de 2025 el juzgado suspendió el trámite y fijó un reexamen.

En marzo de 2026 se realizó la segunda evaluación: la médica presentaba un “deterioro cognitivo leve”, lo que modificó el criterio anterior y confirmó que tenía condiciones para comprender la causa penal.

Con ese dictamen, el juzgado reanudó el trámite y el 2 de julio de 2026 le recibió declaración indagatoria por el caso de Ana Carolina Alzugaray.

El 3 de agosto el juzgado dictó el procesamiento. En la resolución se remarca que su accionar excedió una mera anomalía administrativa: se constató el uso consciente de sus facultades profesionales para introducir declaraciones falsas en instrumentos públicos destinados a acreditar la filiación de las personas.

Su intervención, según el juzgado, fue condición indispensable para engañar al Registro Civil y consolidar una filiación inexistente, imponiendo una situación jurídica permanente que suprimió la verdadera identidad biológica de ambas menores de edad.

La médica mantiene su libertad ambulatoria porque no se verificaron cambios en los riesgos procesales que justificaran una prisión preventiva. La querella, representada por la abogada Julia Giordano, y el Ministerio Público Fiscal ya pidieron la elevación a juicio oral.

La búsqueda de las madres biológicas

La Fiscalía pidió colaboración a los medios y a la población para convocar a aquellas mujeres que podrían ser madres biológicas de Romina Elisabet Lobos y de Ana Carolina Alzugaray, y que hayan dado a luz en fechas próximas a las que figuran en sus partidas de nacimiento.

Ambos casos tramitan en el Área de Casos Complejos - Económicos - Trata de personas. Para brindar información, hay que comunicarse al teléfono 341-2859127 o al mail [email protected], donde recibirán asesoramiento del Área de Atención y Acompañamiento a las Víctimas de la Unidad Fiscal de Rosario.