La pelea por los bienes de YPF que enfrenta a Chubut y Comodoro Rivadavia

La transferencia de YPF a Chubut desató una pelea política. ¿Se quedarán los bienes en Comodoro o pasarán a la provincia? Los detalles que nadie contó.

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La pelea por los bienes de YPF que enfrenta a Chubut y Comodoro Rivadavia

La transferencia de tierras e inmuebles de YPF a la provincia de Chubut desató un fuerte conflicto político entre el gobernador Ignacio Torres y el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili. ¿Quién se quedará con los activos estratégicos de la ciudad petrolera?

La polémica estalló cuando se supo que la provincia administrará los bienes cedidos por la petrolera, descartando que pasen automáticamente al municipio. La decisión generó el rechazo de dirigentes peronistas locales, que reclaman que las propiedades queden en manos de los comodorenses.

¿Qué dijeron los protagonistas?

Macharashvili fue el primero en alzar la voz: “Los bienes tienen que quedar para los comodorenses”. El exintendente Juan Pablo Luque advirtió: “No vamos a permitir que se lleven los bienes de YPF que pertenecen a los comodorenses”. El senador Carlos Linares pidió que todos los activos queden en manos de la Municipalidad y los habitantes, por respeto a la historia y el sacrificio de la ciudad.

Torres respondió categórico: las propiedades “no van a pasar a manos del municipio” y acusó a la dirigencia local de intentar apropiarse políticamente de los activos. “Vamos a garantizar por ley que los bienes de YPF queden para los Comodorenses NO para la municipalidad”, escribió en redes, desafiando a los vecinos a decidir si prefieren una cesión a instituciones locales o al municipio.

El vicegobernador Gustavo Menna reveló que el acuerdo supera los 80 millones de dólares, más una compensación ambiental de 25 millones.

El conflicto se da en un contexto de reconfiguración de YPF, que concentra sus inversiones en Vaca Muerta y se retira de áreas convencionales. Entre los bienes hay predios estratégicos, oficinas, instalaciones operativas y clubes históricos.

La falta de una normativa específica sobre el destino de estos activos agrega incertidumbre y podría llevar la disputa a los tribunales si no hay acuerdo político.

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