La pericia que complicó al juez: por qué la Cámara le dio la razón a “Capi” Rodríguez

La Cámara Nacional Electoral revocó el procesamiento de Alfredo “Capi” Rodríguez, presidente de La Libertad Avanza del Chaco, en la causa por presuntas irregularidades en fichas de afiliación partidaria. El tribunal dictó la falta de mérito y dejó sin efecto la decisión de primera instancia, que había sido cuestionada por la defensa por haberse tomado antes de que terminara una pericia caligráfica clave.

Según el abogado Zacarías Isolio, en diálogo con CIUDAD TV, la investigación comenzó a partir de una denuncia por supuestas “afiliaciones truchas” y luego derivó en otra causa conocida como “causa PAMI”. Rodríguez fue indagado en agosto de 2025 y, cerca de un año después, la Cámara revirtió el procesamiento que se había dictado a fines de ese año.

Los delitos que se le habían atribuido

Rodríguez había sido procesado por los presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documentos públicos, uso de documento público falso o adulterado y la agravante por abuso de la función pública. Además, se le había trabado un embargo de 5 millones de pesos y la prohibición de salir del país sin autorización.

La pericia que cambió el escenario

Uno de los ejes del planteo de la defensa fue la pericia caligráfica sobre las fichas de afiliación. Isolio recordó que cuando Rodríguez fue indagado, sostuvieron que las firmas no le pertenecían y pidieron que se hiciera ese estudio. Pero el procesamiento llegó mientras la pericia todavía estaba en curso.

Para el abogado, la Cámara consideró que esa decisión había sido prematura porque no tuvo en cuenta el resultado del informe. Isolio calificó las conclusiones como “contundentes” y afirmó que el estudio determinó que Rodríguez no fue el autor de las falsificaciones investigadas.

“Hoy la Cámara confirma lo que dijimos hace un año”, sostuvo el letrado, en referencia a la postura que la defensa mantuvo desde el inicio.

Tampoco acreditaron que haya presentado las fichas

Otro de los cargos era el supuesto uso de documentación falsa al presentar las fichas ante la autoridad electoral. Sobre ese punto, Isolio señaló que la Cámara entendió que no estaba probado que Rodríguez hubiera hecho esa presentación. Además, remarcó que no sería habitual que el presidente de un partido realice personalmente ese trámite, ya que las fichas pueden enviarse por el sistema correspondiente o llevarse de forma presencial al tribunal electoral.

Para la defensa, este elemento fue determinante para dejar sin efecto también esa parte de la imputación.

El argumento sobre ANSES

La Cámara también revisó la acusación vinculada con un supuesto acceso a información de ANSES que Rodríguez habría utilizado para las maniobras investigadas. Isolio sostuvo que, en este punto, la resolución coincidió con el planteo de la defensa: Rodríguez no era funcionario público al momento en que se habría producido la falsificación.

El abogado afirmó que esto puede verificarse comparando las fechas de ingreso de Rodríguez a ANSES y las de las fichas cuestionadas, que no coinciden temporalmente. “Lo relevante hoy no es lo que pueda pensar yo, sino lo que decidió la Cámara”, remarcó al ser consultado sobre los fundamentos del fallo.

El impacto político y las próximas acciones

Isolio vinculó la investigación con el contexto político en el que se produjo. Recordó que Rodríguez aparecía en ese momento como posible candidato a senador, mientras se definían listas y alianzas electorales, por lo que consideró que la causa le generó un perjuicio político. Eso sí, aclaró que la definición sobre eventuales consecuencias políticas corresponde al propio Rodríguez.

En cuanto a lo judicial, el abogado anticipó que la defensa trabaja en presentaciones de carácter civil contra personas a las que atribuye responsabilidad por el inicio de las denuncias. En ese sentido, cuestionó a quienes utilizan herramientas judiciales con fines políticos y mencionó antecedentes de acciones iniciadas contra denunciantes de Rodríguez.

“Yo me ocupo de la cuestión judicial y jurídica específicamente”, aclaró, diferenciando su tarea de las decisiones que puedan adoptarse en el plano político o institucional.

La resolución de la Cámara no implica el cierre definitivo de la investigación: la instrucción todavía no concluyó. Lo que quedó sin efecto es el procesamiento, y Rodríguez permanece en situación de falta de mérito.