La persiguió durante meses y ella pidió auxilio: la Justicia le puso un límite que no tiene antecedentes

Una médica psiquiatra de la Ciudad de Buenos Aires consiguió que la Justicia le imponga dos años de restricción a un expaciente que la hostigó con amenazas, llamadas desde números distintos y mensajes de contenido sexual. La medida, resuelta por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, a cargo de María Julia Correa, responde a un pedido urgente del Equipo Especializado en Violencia de Género (EEVG) de la Unidad Fiscal Este del Ministerio Público Fiscal porteño.

El imputado no está en libertad: fue capturado y extraditado a la Argentina por una causa de homicidio en la que permanece detenido. Cuando la denunciante supo que estaba en el país, se presentó ante la Justicia y pidió resguardo. “Si sale libre, me tengo que mudar de país”, aseguró.

El vínculo que derivó en hostigamiento

De acuerdo con la fiscalía, el hombre había sido su paciente durante poco más de un año. Después de que se interrumpió el tratamiento, siguió llamándola desde diferentes números, la amenazó y en varias oportunidades le envió mensajes de contenido sexual.

La Oficina de Asistencia a Víctimas y Testigos (OFAVyT) intervino de inmediato, la entrevistó y encuadró los hechos como violencia de género en dos dimensiones: psicológica —amenazas, hostigamiento e intimidación— y digital, por el envío de material sexual y las comunicaciones invasivas.

En esa entrevista quedaron expuestos el temor genuino y los cambios profundos en la rutina de la profesional. La médica describió un estado de alerta permanente y un aislamiento social marcado. “Cuando entro a mi casa, miro a mis espaldas; cuando voy a llevar a mi hija al jardín, también”, relató.

Agregó que dejó de salir y de mantener vida social, que trabaja desde su domicilio y que asiste al consultorio solo dos veces por semana.

Qué resolvió la Justicia

La fiscalía calificó los hechos como amenazas simples, exhibiciones obscenas y hostigamiento digital en contexto de violencia de género. El pedido lo impulsó la auxiliar fiscal Gloria Ruiz Moreno, bajo la supervisión de la fiscal coordinadora Genoveva Cardinali.

El juzgado ordenó al imputado cesar los actos de perturbación, intimidación y acoso; le prohibió el acercamiento y todo contacto por dos años; y dispuso una consigna policial en la puerta del consultorio donde atiende la denunciante.

Desde la fiscalía destacaron que la duración de las restricciones es un hecho inédito en este tipo de intervención. El expediente por amenazas y hostigamiento sigue su curso en la Justicia porteña.