La petrolera más grande del mundo se adelantó al Gobierno y aclaró su postura sobre Malvinas

SLB, la mayor empresa de servicios petroleros del planeta, salió a blindar sus negocios en Argentina y aclaró que no tiene planes de operar en las Islas Malvinas. La firma, ex Schlumberger, se anticipó a posibles conflictos regulatorios tras la publicación del Decreto 868/26.

La decisión no es casual: busca proteger sus millonarios contratos en Vaca Muerta, donde trabaja codo a codo con los principales productores del país. Así, descartó de manera tajante cualquier interés en el proyecto offshore Sea Lion, que impulsan Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la cuenca Malvinas Norte.

"SLB, en atención a lo establecido por Decreto 868/26 del Poder Ejecutivo Nacional, informa que no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes", precisó la filial Schlumberger Argentina S.A. en un comunicado oficial.

La compañía, que cotiza en la Bolsa de Nueva York y opera en más de cien países, reiteró "su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes".

Vaca Muerta, el negocio que pesa más que Malvinas

El movimiento de SLB responde a una simple ecuación de escala: mientras que Sea Lion representa apenas el 1% del potencial de Vaca Muerta, la formación no convencional de la Patagonia es un negocio central y en plena expansión para las grandes tecnológicas globales.

La firma brinda soporte operativo clave a jugadores como YPF, Vista Energy, Tecpetrol y Pluspetrol. De hecho, su director general en Argentina, Patricio Whitney, expuso recientemente en Houston sobre las proyecciones de aumento de perforaciones impulsadas por el RIGI.

El endurecimiento de los controles oficiales, que se formalizó tras una cadena nacional del presidente Javier Milei, establece penas severas y restricciones comerciales para las empresas que operen en el Atlántico Sur sin la autorización de la República Argentina.

La nueva norma también exige una declaración jurada para acceder a los beneficios fiscales del RIGI o para disputar nuevas concesiones petroleras en el país. En ese documento, las compañías deben acreditar que no tienen vínculos comerciales con la explotación en Malvinas.