La planta que iban a clausurar seguirá operando, pero con una condición clave
La Justicia tenía todo listo para clausurarla, pero un detalle en el expediente cambió el rumbo: ahora deberá someterse a 12 muestreos en tres meses y una supervisión diaria. ¿Qué encontró el análisis que pesó en la balanza?
El Juzgado Federal de Gualeguaychú resolvió que la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial (PIG) no cierre sus puertas. En lugar de la clausura, el juez Hernán Viri dispuso un esquema de controles ambientales permanentes que permitirá que las operaciones sigan adelante, aunque bajo una vigilancia mucho más estricta.
La medida quedó firmada este miércoles 11 de noviembre y, según publicó R2820, cambia el escenario para una planta que estaba en la mira de la Justicia por su impacto sobre el ambiente.
Doce muestreos en tres meses
El nuevo régimen pone al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en el centro de la fiscalización. El organismo deberá llevar adelante 12 campañas de muestreo a lo largo de tres meses, lo que equivale a cuatro controles por mes.
Los análisis no se limitarán a un solo punto: abarcarán tanto los efluentes que ingresan a la planta como los que se descargan una vez completado el tratamiento. La primera toma de muestras tiene que concretarse dentro de los 15 días posteriores a la notificación judicial.
Supervisión diaria y un plazo de diez días
Del lado provincial, la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos tendrá a su cargo la supervisión diaria del sistema de monitoreo de efluentes. Es decir, un seguimiento que no da respiro.
Además, la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (CODEGU) y la Comisión Administradora del Parque Industrial deberán presentar, en un plazo de diez días, un informe que explique cómo y cuándo extenderán ese mecanismo de control a todas las empresas radicadas en el predio.
Por qué el juez no ordenó el cierre
Los fundamentos de la resolución son centrales para entender la decisión. Viri evaluó que, en las circunstancias actuales, ejecutar el cierre inmediato de la planta “podría ocasionar un perjuicio ambiental de mayor entidad” que aquel que se buscaba evitar con la clausura.
El magistrado también ponderó las inversiones realizadas, las mejoras concretadas y la incorporación de herramientas de monitoreo. No obstante, dejó en claro que la continuidad de las actividades está atada al cumplimiento de las obligaciones ambientales, incluidas las condiciones fijadas para conservar el Certificado Único Ambiental provisorio.
El antecedente que pesa
Entre los antecedentes, la resolución mencionó un análisis practicado sobre una muestra de agua extraída de un curso cercano al establecimiento. Ese estudio detectó una carga bacteriana significativa y la presencia de Escherichia coli, uno de los elementos que se consideran en las actuaciones judiciales.
La clausura puede volver
El fallo fue preciso en ese punto: la suspensión de la clausura tiene carácter provisorio. El cierre podrá disponerse nuevamente si aparecen “nuevos episodios contaminantes”, si se incumplen las medidas establecidas o si surge cualquier circunstancia que represente un riesgo para el ambiente o para la salud humana.
Por ahora, la planta seguirá funcionando mientras respete las condiciones fijadas por el Juzgado Federal. Los resultados de los muestreos del INTI y la fiscalización diaria de la Secretaría de Ambiente serán los que definan, en los próximos meses, si la planta puede sostener esta continuidad condicionada.
